Si bien no estamos de acuerdo con la gratuidad universal en educación superior, el objetivo de este documento es discutir y hacer una propuesta sobre el mecanismo a través del cual el Estado podría financiar a los estudiantes que reciban este beneficio. Éste ofrece una gran oportunidad para motivar a las instituciones a mejorar nuestro sistema de educación superior (que es caro, con carreras muy largas, alta deserción y a menudo desconectado del mundo laboral). Este mecanismo debiera ser público, claro y objetivo, y además, debe ir de la mano de un buen sistema de acreditación. Planteamos que el aporte fiscal debería ser por estudiante y variar por carrera y por institución. También creemos que el aporte debe ser mayor para los jóvenes de menor nivel socioeconómico.
El Gobierno está considerando un modelo de costos para definir el aporte. Estos modelos se usan para definir precios en monopolios naturales donde los productos son homogéneos y de calidad objetiva; y aun ahí es difícil estimarlos. Cuesta imaginar este proceso en un sistema terciario heterogéneo, como el nuestro, que cuenta con más de 13.000 programas. Es imposible hacerlo bien.
Hay una mejor alternativa: basar los aportes fiscales en el valor que las instituciones agregan a los estudiantes y a la sociedad, el que está muy ligado a las oportunidades que los egresados tendrán en el mundo del trabajo; estudiar varios años y no lograr ejercer satisfactoriamente puede ser muy frustrante. Consideramos que lo que el Estado entregue a las instituciones de educación superior por concepto de gratuidad no debiera exceder de una fracción razonable del valor presente ajustado de lo que el egresado recibirá gracias a sus estudios. Esto contribuiría a que las instituciones adapten su matrícula hacia las carreras que entregan mayor valor a los estudiantes. El monto por estudiante así definido debe ajustarse por la deserción y el largo de las carreras, y por la composición socioeconómica del alumnado, de modo de recompensar a las instituciones que reciben alumnos vulnerables.
En el Gobierno anterior, junto con el apoyo de expertos internacionales, se hizo un gran esfuerzo para conseguir datos de estas variables, desarrollar un modelo y hacer cálculos que permiten darle viabilidad a esta alternativa. Varios aspectos de la metodología que presentamos pueden ajustarse, por lo que deben ser parte de un debate público y de expertos. Pero el punto principal que queremos hacer es que, dada la importancia de que la educación superior permita a los egresados realizarse en el mundo del trabajo, este enfoque debe ser parte de la definición de una política de educación superior. Sólo así ésta podrá ser un medio de movilidad social, pues no basta no pagar por ella, sino que ella debe permitir un buen desempeño en el mundo laboral.
