- La negociación se justifica porque el aporte que realizan los trabajadores a la empresa donde laboran es superior a la que podrían materializar en otras fuentes de trabajo. Las cotas de una negociación colectiva bien concebida son, como piso, la remuneración en el empleo alternativo y, como techo, el costo de reemplazo para el empleador.
- La huelga debe entenderse, en este contexto, como un recurso de presión en respaldo del poder de negociación de los trabajadores y no un instrumento de una lucha de clases. La anterior legislación chilena sostenía que la negativa a trabajar por parte del sector laboral debía privar al empleador de las facultades de administrar la empresa, reconociéndole así a los huelguistas una suerte de monopolio para ocupar los puestos de trabajo.
- El despojo de los derechos básicos a cualquier parte negociadora, como lo son la libertad de trabajo o la de administrar una propiedad o empresa, conduce al resultado inevitable de que la negociación no produce soluciones justas o no se resuelve a nivel de los involucrados, adquiriendo ésta el carácter de un conflicto «político social», trasladándose así la búsqueda de soluciones a las instancias políticas pertinentes.
- La actual legislación ha logrado crear el equilibrio necesario en el proceso de negociación colectiva. Los trabajadores tienen amplias facultades para organizarse y gozan de fuero durante la negociación. En caso de producirse una huelga la ley respalda a los trabajadores impidiendo al empleador contratar reemplazantes permanentes durante un plazo determinado. Durante dicho plazo los trabajadores conservan una verdadera exclusividad de negociación con el empleador pudiendo exigir, incluso, ser recontratados en las condiciones vigentes al término del contrato colectivo anterior. Terminado dicho plazo el empleador puede contratar a terceros, mecanismo que evita que las demandas laborales sobrepasen el verdadero valor de su productividad.
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