Frente a esta realidad realizamos un ejercicio muy simple que consiste en evaluar qué sucedería si se igualara el ingreso monetario per cápita de los hogares del primer quintil de ingreso a través de asignaciones complementarias a los hogares con menores.
En estas líneas se discuten algunas inequidades en la política social, particularmente en su menor preocupación por los hogares más pobres que tienen integrantes menores de 18 años. Su tasa de pobreza de ingresos es la más elevada del país, 18,2 por ciento, y no hay un diseño serio para reducirla a niveles más razonables. Los distintos instrumentos disponibles realizan una transferencia que es casi diez mil 600 pesos por persona a los hogares del primer quintil de ingresos con menores de 18 años. En los otros hogares de este quintil, es decir aquellos con mayores de esa edad, la transferencia es poco más de cuatro veces ese monto por persona.
Frente a esta realidad realizamos un ejercicio muy simple que consiste en evaluar qué sucedería si se igualara el ingreso monetario per cápita de los hogares del primer quintil de ingreso a través de asignaciones complementarias a los hogares con menores. Para realizar estas simulaciones utilizamos la encuesta CASEN 2015. Concluimos que si se consiguiera este objetivo la tasa de pobreza de los menores se reduciría de un 18,2 a un 10,6 por ciento. La caída más relevante se produce en la tasa de extrema pobreza que caería desde un 5,8 a un 1,8 por ciento. La inversión necesaria para conseguir este propósito asciende a casi 890 millones de dólares y equivale a un 0,36 por ciento del PIB. Si bien es un monto no despreciable tampoco es prohibitivo y podría obtenerse a través de reasignaciones en plazos prudentes.
Estamos conscientes de que ese es un ejercicio muy especial, porque actuamos como si conociéramos los hogares del primer quintil de ingresos que tienen menores de 18 años y pudiésemos asignarles un monto fijo igual por persona a todos ellos. Sabemos que esta posibilidad no está realmente disponible. Por eso, exploramos utilizar los instrumentos disponibles, en particular el subsidio único familiar y la asignación familiar. El ejercicio está limitado por el hecho de que solo simulamos el margen intensivo, es decir para quienes ya reciben SUF y asignación familiar. El ejercicio específico que hacemos es hacer crecer en montos sucesivos de 100 millones de dólares los recursos disponibles para gastar en ambos programas llegando hasta 2 mil millones de dólares.
La razón de seguir este camino es que Chile, respecto de la OCDE, tiene un gasto en transferencias monetarias relativamente modesto. En particular, los apoyos monetarios a las familias –en Chile el SUF y la asignación familiar forman parte de esta dimensión– los países de la OCDE gastan en promedio 1,25 por ciento del PIB y nuestro país solo 0,63 por ciento. La diferencia equivale a poco más de mil 600 millones de dólares. Como Chile gasta actualmente en las partidas incluidas en nuestro análisis del orden de 400 millones de dólares parecería razonable llegar hasta un máximo de 2 mil millones de dólares. Si destináramos esos recursos a esos programas la pobreza de los menores de 18 años descendería de 18,2 a 11,8 por ciento. El lector notará que en este ejercicio la caída de la pobreza no es tan elevada como en el primer ejercicio, a pesar de que los recursos adicionales son mayores. El texto discute las razones de esta diferencia, pero obviamente se debe a la imposibilidad de lograr focalizaciones perfectas de los programas sociales.
