Un problema de frecuente debate durante las últimas campañas electorales chilenas se refi ere a la eventual intervención del Gobierno a favor de los candidatos ofi cialistas. Ello cobra particular importancia en un país donde el poder político se encuentra fuertemente concentrado como consecuencia del régimen de gobierno presidencialista —asentado en la tradición jurídico-política del país y reforzado en la Constitución Política de 1980— y dado el importante tamaño y rol que ocupa el Estado en nuestra sociedad.