Este trabajo expone sintéticamente el panorama del empleo público en Chile y sus bases normativas, destacando cómo los gobiernos no han aplicado el modelo de carrera que establece el Estatuto de 1989 —con la complicidad del Congreso— deformándolo sin generar un nuevo modelo que lo reemplace. Esto último se debe, probablemente, a que este proceso exigiría invertir mucho capital político y restaría poder, de concretarse, al Gobierno de turno. Hacerlo, sin embargo, resulta indispensable para contar con un Estado eficiente y probo, en que función pública profesional y política se distingan y relacionen sinérgicamente. Como contribución a este problema se propone un nuevo esquema abordando su institucionalidad, un nuevo modelo de carrera funcionaria, otras categorías de personal y una fórmula de transición para implementar estas ideas.