Síntesis
La legislación actual obliga a las universidades chilenas a constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro. En este artículo se analiza, en primer lugar, la lógica que justifica dicha normativa y su eventual necesidad o conveniencia para mejorar la calidad de la educación superior en Chile. A continuación, se identifica la falta de regulación sobre transacciones entre las universidades y sus entidades relacionadas como un vacío que permite la existencia de potenciales abusos en violación del espíritu de la ley. Considerando que dichas transacciones han sido, sin embargo, fundamentales para el desarrollo de las universidades chilenas durante los últimos años, se plantea que su regulación parece ser una solución más eficiente que su prohibición. Luego se proponen ciertos principios para regular los conflictos de interés que pueden afectar a las universidades, inspirados en la regulación chilena de las sociedades anónimas y la experiencia internacional. Finalmente, dichos principios se complementan con propuestas para una regulación de los deberes fiduciarios de quienes sirven en directorios universitarios, apuntando a promover una mayor transparencia en el funcionamiento de las universidades y, al mismo tiempo, incentivar la participación de personas talentosas y experimentadas en la administración de esas instituciones.
