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La reciente ola de denuncias de coimas y otros abusos en el Estado, por parte de funcionarios de confianza, ha generado dos escándalos: primero, que no existen instituciones que impidan que algunas autoridades del poder ejecutivo usen las atribuciones de su puesto para extorsionar a los empresarios y lucrar para beneficio personal. Segundo, que no existen instituciones que impidan que un partido político financie sus campañas electorales operando como una mafia dedicada a la extorsión.
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Pocos creen ya en que un Presidente de la República pueda ejercer la atribución de nombrar estos funcionarios y despedirlos en forma aséptica, al margen de las exigencias de los partidos de su coalición.
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A partir de 1998 el Centro de Estudios Públicos lanzó un importante esfuerzo académico en esta área. El objetivo fue comprender las opciones de política pública en materia de financiamiento político y de reforma del Estado, y hacer proposiciones concretas para aplicar en el Chile actual.
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Esos estudios permiten predecir que la mayoría de las ocho medidas propuestas por el gobierno no serán efectivas para impedir la corrupción ni las redes de extorsión, y por qué algunas son contraproducentes.
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La Comisión del CEP propone crear un nuevo régimen laboral para los altos directivos, basado en los principios del servicio civil. Entendemos por “servicio civil para altos directivos” un régimen laboral especial para quiénes dirigen los Servicios públicos, cuyo objetivo es lograr que éstos produzcan o sirvan con la máxima eficiencia las políticas públicas decididas por el nivel político.
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Esta nueva institución tendría un efecto dramático sobre las posibles redes de extorsión: no podrían acceder a los cargos con poder regulatorio, con poder para otorgar concesiones, con poder para asignar contrataciones públicos ni con poder para ascender personal de planta o despedir al personal a contrata de menor jerarquía.
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La Comisión del CEP también propone crear una nueva Franja en medios de comunicación local, que no reduzca los ingresos de esos medios, para financiar parte de las campañas políticas al parlamento.
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Esta nueva institución también dañaría a las posibles redes de extorsión que intenten colonizar a los partidos: el dinero ganado extorsionando y corrompiendo ya no daría la ventaja que hoy entrega a sus poseedores. Ya no bastaría con ahogar en gasto electoral a las campañas de candidatos alternativos que ofrecen políticas públicas atractivas para el electorado. Éstos competidores podrían acceder, a través de la nueva franja, a ser conocidos por los votantes, y así captar su voto, que sería más informado que antes.
