No es el país que queremos

Los últimos acontecimientos muestran un panorama preocupante en el tema de la corrupción. El clima de suspicacia que hoy se cierne sobre influyentes funcionarios hace menos creíbles y eficaces las tareas del Estado. Esto debilita un elemento básico del buen funcionamiento del sistema democrático: la confianza.
La democracia y la economía social de mercado suponen un compromiso ético mínimo sin el cual se desnaturalizan. De lo contrario imperan el amiguismo, los contactos, las mafias, el compadrazgo y el nepotismo.
Es hora de tirar una línea nítida que separe claramente el ámbito público del privado. La actuación pública no se puede transformar en el camino para hacer o aumentar la fortuna personal.
La probidad y la observancia de la ley es tarea de tribunales prestigiados. En este contexto, la reforma judicial se ha convertido en una necesidad imperiosa.
Las autoridades deben conducirse con visión de largo plazo y apoyarse en especialistas y técnicos competentes e independientes. S i no corren el riesgo de ser presa fácil de los intereses de grupos y personas.
Necesitamos instituciones y autoridades que, en la tradición portaliana, sean de verdad «respetadas y respetables», e individuos formados en el rigor de principios morales sólidos y permanentes.

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