S.E. Presidente de la República
Sres. Ministros de Estado Sres.
Presidentes de Partidos Políticos
Sres. Consejeros de Centro de Estudios Públicos
Miembros de la Comisión de Reforma del Estado
Señoras y Señores
Les agradezco su presencia aquí, es un gran honor para el CEP recibirlos esta tarde.
Recuerdo en este momento con claridad una comida, a mediados de 1997, en casa de Máximo Pacheco Matte, que integra nuestro Consejo Asesor y nuestra Comisión de Reforma del Estado. Estaba en esa oportunidad don Ricardo Lagos, entonces Ministro de Estado y eventual candidato a la Presidencia. Surgió el tema de la corrupción en los distintos países y el riesgo que significaba para su confiabilidad y estabilidad. Chile, sin duda, era un país que nos parecía privilegiado en ese respecto. Nos preguntamos cuál era, con todo, nuestra zona más vulnerable: concluimos que era el financiamiento de la política. En eso concordamos. Y también en la conveniencia de estudiar el tema a fondo con miras a hacer propuestas que pudieran llegar a ser ley.
Para ninguno de los que estamos aquí constituye una novedad: la política, en buena parte, se ha financiado en Chile a través de procedimientos irregulares. Esto debilita a los partidos y candidatos serios. Cuando el financiamiento privado es irregular, se presta para que los que financian condicionen la autonomía de las autoridades elegidas que tendrán a su cargo la elaboración de las leyes.
¿A quién le conviene un sistema así? A empresarios inescrupulosos, dispuestos a utilizar su poder financiero para conseguir leyes o regulaciones hechas a su medida. La economía de mercado siempre está sometida a este peligro: que de un sistema abierto se transforme en un sistema cerrado y monopólico, que defiende la propiedad, pero no la competencia. Si uno revisa la historia económica de Chile, durante el siglo veinte, se comprueba fácilmente que a menudo fueron ciertos grupos empresariales los que presionaron para obtener franquicias y privilegios. Las distorsiones se debieron tanto a las ideologías como a los intereses. El resultado fue una suerte de capitalismo mercantilista, sistema ineficiente y que se deslegitima fácilmente, pues se basa en el otorgamiento de beneficios especiales y discriminatorios.
Cuando el financiamiento irregular proviene del sector público, sea porque se otorgan empleos públicos a activistas de los partidos oficialistas, o porque se usan facultades regulatorias y de contratación para extorsionar aportes a las empresas reguladas o contratistas, la ciudadanía se desencanta como en México, o se abre a alternativas populistas como en Venezuela. Cuando la competencia política deja de ser una lucha limpia, aleja a las personas honestas, acelerando el desprestigio.
Este esquema de financiamiento público de la política tiene un costo económico enorme. Estudios académicos han encontrado que el crecimiento económico depende en parte del grado en que los altos directivos públicos son reclutados y promovidos por mérito, y del grado en que sus remuneraciones son atractivas y predecibles. Estos atributos pueden ser medidos con encuestas. En una encuesta a 35 países, Chile recibió sólo 5 puntos en una escala donde Haití obtuvo 4 puntos. En cambio, España y la India recibieron 10 puntos, Hong-Kong recibió 11 puntos, y Corea del Sur recibió 13 puntos. Si Chile hubiera tenido un servicio civil de la calidad del de Hong Kong, su tasa de crecimiento habría sido mayor en 1,5 puntos porcentuales en cada año. Demás está decir lo que esto significa para los chilenos.
En Diciembre de 1997, el CEP, con el apoyo especial de la Tinker Foundation de Nueva York, se propuso desarrollar un amplio estudio sobre la materia. Se formó una Comisión de Reforma del Estado, integrada por personalidades públicas, empresarios y académicos de variadas tendencias. Salvador Valdés fue designado como coordinador de dicha Comisión. Fue un nombramiento adecuado. Su trabajo, se ha demostrado, resultó sumamente eficaz. En la Comisión se examinaron las prácticas vigentes, se contrató a expertos internacionales para evaluar la experiencia de diversos países relevantes al respecto (Alemania, Estados Unidos, España, Gran Bretaña, entre otros) y se hicieron propuestas concretas. La idea central era transparentar las reglas del financiamiento político, cautelar la igualdad de oportunidades, y robustecer la autonomía de los candidatos respecto de sus donantes.
La Comisión propuso que las campañas llevaran contabilidad; que el Estado contribuyera a un financiamiento parcial de los candidatos, justificado esto por los bienes públicos que la mayor autonomía de las autoridades elegidas genera; que ello incluyera también un financiamiento permanente a los partidos que complementara los aportes de sus militantes (lo que no quedó en la ley aprobada y es tarea pendiente); que se creara un mecanismo -y este concepto sí se incorporó a la nueva legislación- a través del cual el donante pudiera hacer su aporte, pero de tal manera que él pasara a un «fondo ciego o reservado», y así al candidato no pudiera constarle quién le donó efectivamente. Este procedimiento deja al donante impedido de exigir algo a cambio de su donación, ya que no podrá comprobar que la hizo a ese candidato. El Servicio Electoral le dará un certificado que comprueba que donó, pero no a quién o a quiénes. Los legisladores encontraron un procedimiento interesante para materializar esta idea. Es fundamental para la correcta aplicación de la nueva ley, dotar al Servicio Electoral de los recursos necesarios compatibles con sus importantes funciones.
En el estudio del tema se hizo evidente que el financiamiento de la política estaba estrechamente ligado a los nombramientos de los altos directivos de los servicios públicos. Se trata de 3.500 cargos de mucha responsabilidad y que son de confianza exclusiva del Presidente de la República. En la práctica, sin embargo, el Presidente históricamente ha negociado estos nombramientos con los dirigentes de los partidos políticos. Por esta vía se infiltró el cuoteo político de los altos directivos, mal endémico de nuestro sistema democrático. Es claro que los cargos de mayor importancia del servicio civil deben ser sometidos a un filtro que asegure su competencia. De otro modo el Estado no puede participar en las exigentes y complejas tareas que le corresponden en una economía cada vez más globalizada. Por otro lado, en virtud de estas prácticas se termina encomendando a los partidos políticos funciones de selección de personal que son ajenas a su fin propio y los desnaturalizan.
La propuesta que se hizo -y que ha quedado recogida en gran medida y va incluso más rápido de lo que la Comisión imaginó- supone que un Consejo Autónomo designe ternas, en función del mérito de las personas, a partir de las cuales el Presidente designe a quien le parezca más adecuado. Esto sin perjuicio de que una fracción de esos cargos – la Comisión sugirió alrededor de 500- se mantengan como cargos de su entera confianza. Ello porque es conveniente que un nuevo Presidente llegue al gobierno con un equipo en el que tenga plena confianza.
El trabajo realizado se publicó por el CEP en dos volúmenes. El primero, Reforma del Estado: Financiamiento Político se publicó en octubre del 2000. El segundo, Reforma del Estado: Dirección Pública y Compras Públicas, se publicó en noviembre del 2002.
A medida que se avanzó en los trabajos, Salvador Valdés y varios miembros de la Comisión de Reforma del Estado como Carlos Peña, Enrique Barros, Eugenio Tironi y Harald Beyer, para nombrar sólo a algunos, a través de seminarios, artículos de opinión, entrevistas y reuniones con partidos políticos, universidades y centros de estudios, fueron permeando estas ideas a la opinión pública.
Desde el gobierno, y en paralelo, se desarrollaron estudios e iniciativas muy importantes en la materia. Claudio Orrego, Rodrigo Egaña, Angel Flisfish y Mario Marcel estuvieron a cargo de aspectos de este tema en distintos momentos e instancias.
Los graves casos de corrupción denunciados a fines del año pasado, así como las irregularidades en diversos servicios públicos, abrieron un espacio de trabajo conjunto de diferentes sectores políticos -gobierno y oposición- en estrecha interacción con parlamentarios y académicos. Lo que ha resultado es una nueva institucionalidad que se ha nutrido de una multitud de vertientes y del conocimiento y experiencia de un grupo amplio y muy diverso de personas. Ahora es patrimonio de todos.
El impacto sobre el desarrollo de la política será fuerte. La política pasa a contar con varias fuentes de financiamiento, libres de toda sospecha de captura y de extorsión. Esto dotará a la actividad política del respeto de la ciudadanía, y asegura que esta noble actividad continuará atrayendo a personas destacadas y honestas.
El impacto sobre el crecimiento económico será sustancial. Revisamos la encuesta internacional antes citada, sobre el grado en que los altos directivos públicos son reclutados y promovidos por mérito. La respondimos de nuevo ahora, suponiendo que la nueva legislación se aplica. Encontramos que nuestra reforma elevará el puntaje de Chile desde 5 a 15 puntos, quedando por encima de Hong-Kong, que tenía 11 puntos. Si la experiencia internacional sirve de guía, ello hace que Chile podrá aumentar significativamente su tasa de crecimiento económico en el mediano y largo plazo, gracias a las leyes recién aprobadas.
Esta reforma toca el nervio del sistema de partidos políticos y de la forma de administrar el Estado. Se ha llevado a cabo en democracia, bajo el gobierno del Presidente Lagos aquí presente y es una reforma profunda y decisiva para el futuro. Se trata de uno de los cambios institucionales más importantes que se hayan realizado en muchas décadas. Esto honra a los partidos políticos de Chile.
Esta experiencia debiera dejarnos una lección: el país se beneficia si es posible aunar criterios y avanzar en los grandes temas nacionales; además nos muestra que instituciones como ésta y tantas otras, hacen posible el cultivo, el análisis y la difusión de ideas que cuentan con sólidos fundamentos técnicos. Es de esperar que este ambiente de sana confianza y realismo nos lleve a avanzar en tantos otros temas importantes.
La dirigencia del país ha demostrado en esta ocasión que es capaz de estar a la altura de los desafíos más arduos. Es lo que esperamos como actitud permanente.
Muchas gracias.
