Lo que Chile necesitó para crecer con fuerza desde mediados de los años 80 y acabar mirando al resto de la región por el espejo retrovisor, es distinto de lo que necesita ahora para alcanzar a las economías más avanzadas. Inicialmente, la apertura comercial generó las oportunidades productivas y las políticas macroeconómicas, al controlar la inflación y suavizar los ciclos económicos, redujeron la incertidumbre y fomentaron la inversión. En esa etapa el desafío fue de cantidad. Hoy, lo que falta es calidad. Para cerrar la brecha que nos separa del desarrollo económico hay que mejorar significativamente la productividad.
Por ejemplo, si la eficiencia agregada en Chile fuera la de Estados Unidos, nuestro PIB per cápita anual pasaría desde los US$ 23 mil actuales a US$ 40 mil. La falta de productividad, además, dificulta superar las crisis económicas y favorece una mayor inflación, presionando las tasas de interés al alza.
Preocupa entonces su tendencia sostenida a la baja. Mientras durante la década de 1990, la productividad explicó 4,7 puntos porcentuales de crecimiento por año, en la década pasada explicó 1,4 puntos porcentuales y el año pasado, -0,5%.
Con todo, recuperar las ganancias de eficiencia representa el mayor reto económico de largo y corto plazo en Chile.
Los determinantes de la productividad pueden ser agrupados en cuatro categorías: un entorno macroeconómico estable, que permita inversiones de largo plazo; competencia, que incentive una asignación óptima de recursos; una microeconomía flexible, para que los mercados puedan ajustarse y un esquema de política sectorial eficaz, que resuelva las fallas de mercado.
Si bien en cada uno de estos grupos hay tareas por resolver, lo prioritario para Chile hoy es aumentar la competencia y la flexibilidad. Por ello, dos proyectos de ley en discusión son clave: el que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia y el que moderniza las relaciones laborales.
Por último, existe un gran desafío adicional: los beneficios de las políticas pro productividad toman tiempo en manifestarse, pudiendo éstas incluso generar costos en lo inmediato. Y el Estado debe diseñarlas en un entorno institucional muchas veces precario, y sometido a los intereses del gobierno de turno.
En consecuencia, se debe separar el ciclo político del económico en lo sectorial, tal como permitieron en el ámbito macro la regla fiscal y la autonomía del Banco Central. Esto requiere una extensiva y profunda agenda de modernización del Estado. En el corto plazo, por ejemplo, es posible avanzar creando una agencia pública para la productividad, como la que ha anunciado el gobierno, siempre y cuando ésta tenga recursos y atribuciones suficientes, y esté encargada de definir estudios y evaluar el funcionamiento de los distintos programas.
