En el Punto de Referencia “Radiografía del gasto fiscal en Chile 1990-2025”, los autores dan cuenta que ante el desafío de la estrechez fiscal, el espacio para racionalizar gastos depende menos de recortes en el margen que de revisar los grandes compromisos permanentes.
- Desde la crisis subprime de 2008, las finanzas públicas chilenas no han recuperado plenamente su robustez: los últimos tres años registran un déficit estructural promedio superior a 3% del PIB y la deuda pública se sitúa a menos de 3 puntos de superar su nivel prudente de 45% del producto. En ese contexto, el foco técnico y político se ha desplazado hacia el gasto público, para lo cual este trabajo analiza sus características y tendencias básicas en Chile entre 1990 y 2025, con el propósito de alimentar la discusión sobre planes realistas de racionalización.
- El gasto fiscal en términos reales se multiplicó aproximadamente por 6,8 entre 1990 y 2025, pasando de un 20% a un 24% del PIB. Dos episodios concentran las inflexiones de la serie: la crisis subprime, con un alza real de 16% en 2009, y la pandemia de Covid-19, que llevó el gasto a un máximo de 32% del PIB en 2021 para luego caer 23% real en 2022. Excluidos esos episodios, el gasto ha crecido en torno a 4% real anual promedio.
- La correlación entre gasto y producto no ha sido significativa en promedio para el período 1990- 2025. Sin embargo, desde la implementación de la regla fiscal de balance estructural en 2001 hasta antes de la pandemia —2018—, el gasto público sí ha tenido en promedio un comportamiento contracíclico significativo. En contraste, durante la pandemia el co-movimiento entre estas variables fue fuertemente positivo.
- La composición del gasto revela un proceso gradual de rigidización. Según su clasificación presupuestaria, la inversión —relativamente más flexible— cayó desde máximos de 16% del gasto a mediados de los noventa hasta 6% en 2025, mientras que los subsidios y donaciones se elevaron de 19% a 32%. Además, según su clasificación funcional, el gasto transitó desde una matriz con alto peso de los servicios generales y de defensa, hacia una dominada por lo social: protección social, salud y educación concentran hoy cerca del 70% del total, en línea con la aprobación de leyes sobre esas materias.
- Así, la mayor rigidez del gasto también se observa en la proporción del presupuesto comprometida en leyes permanentes, la que se elevó desde un promedio de 66,6% entre 2013 y 2018 hasta 83% en la ley de presupuestos aprobada para 2026. Esta rigidez, además, está en línea con la concentración institucional del gasto: cinco ministerios —Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo, y Obras Públicas— representan cerca del 80% del gasto total, y en dos de ellos —Trabajo y Previsión Social y Educación— más del 90% de su presupuesto está determinado por leyes permanentes.
- En cuanto a la ejecución presupuestaria, ella muestra un patrón persistente: el gasto corriente se sobre ejecuta (104% promedio respecto del presupuesto inicial), mientras que el gasto de capital se subejecuta (95% en promedio). A su vez, solo entre 47% y 50% del gasto es sometido al monitoreo de programas de la Dipres.
- La implicancia central es que, ante el desafío de la estrechez fiscal, el espacio para racionalizar gastos depende menos de recortes en el margen que de revisar los grandes compromisos permanentes.
