- El proyecto de reformas a la Ley de Rentas Municipales presentado al Parlamento por el Ejecutivo, si bien perfecciona la actual legislación y posibilita una mayor percepción de ingresos, no significa, en términos prácticos, un aumento sustantivo de los recursos municipales. Diversas estimaciones realizadas muestran un incremento aproximado entre un 7 y un 10 por ciento de los actuales recursos que administra el sector.
- La propuesta del gobierno entrega mayor autonomía en la administración de los recursos municipales en diversas áreas como en la definición de la tasa general del impuesto territorial. Sin embargo, sería conveniente contar con una instancia donde los municipios pudieran dar a conocer sus planteamientos respecto de las actuaciones del gobierno central que afecten a los ingresos municipales.
- Las modificaciones propuestas introducirían interesantes perfeccionamientos en la fórmula de distribución del Fondo Común Municipal. Se propone considerar el promedio de los tres años anteprecedentes de los ingresos propios permanentes de cada municipio a fin de evitar estacionalidades. Por otra parte, se toma en cuenta la relación de precios exentos de impuesto territorial respecto del país, ponderados con el nivel comunal.
- Respecto de la fiscalización, el proyecto del Ejecutivo mejora algunos procedimientos, como por ejemplo obligar al Servicio de Impuestos Internos a informar a las municipalidades de los contribuyentes de la comuna que presenten su declaración anual de impuestos a la renta, lo que facilitará el cobro de la patente municipal. Sin embargo, dicha mejoría en la fiscalización pudiera carecer de relevancia si no se acompaña con una flexibilización de las normas sobre uso del suelo, resoluciones sanitarias y permisos de construcción.
- El proyecto introduce el cobro obligatorio por el servicio de extracción domiciliaria de basuras para aquellos predios que se encuentren exentos del pago del impuesto territorial. Esta iniciativa, a pesar de ser adecuada, se ve dificultada por no ser factible la suspensión de la prestación por no pago.
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