En este trabajo se analiza críticamente la reforma del diseño institucional del medio ambiente que ha iniciado el Gobierno. Para hacer esto, el trabajo distingue entre las tres dimensiones en que suele dividirse la regulación ambiental: definición de política y normas ambientales, gestión y fiscalización. Si bien la regulación ambiental chilena ha operado, básicamente, bien desde que fue establecida en 1994, necesita mejoras en esas tres dimensiones. El proyecto de ley del Gobierno toca las tres, pero, sostiene este trabajo, algunas son mejor tratadas que otras.
Para la definición de política y normas ambientales sugiere la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Ésta es la peor parte del proyecto, pues elimina el escenario multilateral que posibilita el balance de intereses que la tarea de definir la política y las normas ambientales requiere. Para la gestión ambiental, en especial respecto del mecanismo de evaluación de impacto ambiental, el proyecto propone un servicio sujeto al Sistema de Alta Dirección Pública. Parece una buena idea, aunque, como está formulada, arriesga centralizar y dificultar la toma de decisiones. Para la fiscalización, en fin, propone una Superintendencia. Aunque es un paso en la dirección correcta, no está suficientemente dado. A la luz de esta crítica, el trabajo concluye con una propuesta alternativa de diseño institucional que, en línea con buena parte de las evaluaciones chilenas y extranjeras disponibles, permita aprovechar bien la oportunidad de mejora que se ha abierto con la presentación de este proyecto de ley.
