- Se aprobó hace poco la ley que crea el subsidio a los ingresos del trabajo que fue recomendada como una política social fundamental por el Consejo de Trabajo y Equidad. Esta política premia el esfuerzo laboral de los hogares de bajos ingresos estableciendo un puente concreto entre la política social y el mercado del trabajo.
- La conexión es necesaria porque los niveles de pobreza y de desigualdad de ingreso en el país están muy influidos por lo que sucede en el mercado del trabajo. Entre otros aspectos, porque las tasas de empleo y participación del quintil de más bajos ingresos es muy inferior a la de los quintiles de mayores ingresos.
- El subsidio a los ingresos del trabajo, a diferencia de los mecanismos tradicionales de transferencias monetarias a los hogares más pobres, no genera dependencia del Estado, porque incentiva la adhesión al mercado del trabajo para acceder al subsidio.
- Sin embargo, la propuesta elegida por el gobierno y aprobada por el Congreso es muy acotada. Está dirigida sólo a los jóvenes de 18 a 24 años del 40 por ciento más pobre. Sin embargo, sólo un 35 por ciento de los hogares de ese grupo, tienen jóvenes en ese rango de edad.
Además, estos jóvenes no están entre los más pobres. Los niños menores de 14 años y las personas entre 25 y 44 años, probablemente los padres de esos niños, viven en una peor situación de pobreza que los elegidos para recibir los beneficios de este programa - Así los beneficios en reducción de pobreza y desigualdad de ingresos será muy acotada. Si bien es entendible un inicio gradual de este subsidio la ley no contempla su expansión futura. Se pierde así la oportunidad de ir consolidando un futuro pilar de la política social que era la propuesta más general del Consejo de Trabajo y Equidad.
- Este programa debería, en el mediano y largo plazo, multiplicarse varias veces y alcanzar cifras de entre 0,6 y 0,8 por ciento del PIB. Ello es equivalente a aproximadamente 9 a 12 veces el monto contemplado en el programa actual. Para ello es fundamental un mejor diseño y una extensión del programa a todos los hogares de menores ingresos. Por cierto, la aplicación del mismo debería ser gradual. Hay recursos suficientes para financiar este mayor gasto en una serie de programas sociales desperdigados de escasa efectividad y de elevados costos administrativos.
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