Universidades que remuneran el desarrollo de su infraestructura tienen mayor capacidad de crecer en matrícula; dan cuenta de la masificación, que dado el sistema escolar vigente requiere ir reduciendo los estándares de aceptación de alumnos; ello deriva en mayores dificultades de retención y en el deterioro del status profesional, lo que sumado a la falta de vigilancia y control sobre la calidad, permite finalmente cuestionar la masificación y el instrumento más directo que la permitió.
Si la oferta de personas o instituciones generosas no es suficiente para las necesidades de cobertura educativa que definimos como sociedad, necesitaremos de otras formas de proveer educación, y la que desde la política pública de mediano plazo es evidente que la cobertura la hagan las instituciones del Estado, o que éste induzca, mediante subsidios, el incremento de la cobertura por parte de instituciones sin fines de lucro (cambiar las actitudes y generosidad de las personas pudiera ser posible, pero debe tomar más tiempo).
El sentido económico del excedente se refiere a lo que debiera quedar después de haber incurrido en el costo necesario (sentido de costo económico), para proveer educación de calidad. Por ello, desde el punto de vista económico y educativo, no hace diferencia entre una universidad en la que los dueños retiran los excedentes para financiar vacaciones en el Caribe, de otra que paga por factores que no son necesarios para el desarrollo educacional.
Lo que hubo en Chile no parece haber sido un error legislativo ni de fiscalización posterior, sino un propósito claro de permitir que los distintos factores, particularmente el capital necesario para desarrollar la infraestructura, fuera remunerado. Sin permitir remunerar los distintos factores y sin la intervención directa del Estado, hubiera sido inviable el crecimiento de infraestructura y el aumento de oferta universitaria. Si ello fue o no una buena idea, es otra cosa, y posiblemente, a juzgar por el aumento de oferta de cupos, la reducción en los requerimientos de calificación previa de los estudiantes para llenar esos cupos, y la falta de fiscalización adecuada respecto de la calidad, posiblemente no lo fue.
En síntesis, la calidad del sistema universitario en Chile hoy se basa en universidades tradicionales sin fines de lucro, y también en otras universidades privadas creadas después de 1980, mayoritariamente de las que no se ha cuestionado su vocación no lucro. Hay sin embargo algunas que han sido cuestionadas como elusoras de la legislación que prohíbe el lucro, pero que de haberse prescindido de ellas, habría habido consecuencias adversas sobre la calidad del sistema chileno.
