Territorios sin control: la nueva realidad de los campamentos

Boletín N°21 | Octubre 2025

Territorios sin control: la nueva realidad de los campamentos

Por: Mauricio Salgado.
 

La casa propia ha sido, por décadas, una de las principales aspiraciones de los chilenos. Este anhelo configuró el horizonte simbólico de las demandas por la vivienda en la segunda mitad del siglo XX, cuando los pobladores se transformaron de actores colectivos en propietarios individuales (Murphy 2023). El desarrollo económico del país, concentrado en las grandes ciudades, impulsó en sus márgenes el surgimiento de asentamientos irregulares. Desde las “poblaciones callampa” de los años treinta hasta las “tomas” de terrenos entre los cincuenta y los noventa, los campamentos —familias que habitan en terrenos irregulares y carecen de al menos uno de los tres servicios básicos: agua potable, electricidad o alcantarillado— se conformaron, en parte, por migrantes del campo a la ciudad. Ellos transformaron, mediante la toma de terrenos y la autoconstrucción, la vivienda propia en un asunto político.

A comienzos del siglo XXI el panorama cambió. Aunque persisten factores como la marginación urbana, la precariedad y la aspiración a una vivienda, el poblador tradicional convive hoy con familias empujadas a campamentos por el alza del arriendo. Los flujos migratorios que constituyen estos asentamientos ya no son internos, sino internacionales. El crimen organizado ha encontrado ahí un espacio para sus operaciones, aprovechando el vacío estatal y la vulnerabilidad de sus habitantes. El presente de los campamentos es más complejo: no solo precario, sino también heterogéneo.

Esta columna examina esta nueva realidad. Para ello, analizaremos el resurgimiento de los campamentos y los desafíos que esto supone, para luego mostrar que la migración internacional ha acelerado el número y expansión de estos asentamientos al presionar el mercado del arriendo. Posteriormente, abordaremos la relación entre reductos informales y crimen organizado, para concluir con propuestas de una nueva estrategia para su superación.

El resurgir

En 1992, Chile enfrentaba un déficit cuantitativo cercano a 900 mil viviendas. Para revertirlo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) fijó la meta de 90 mil soluciones habitacionales anuales, que incluían tanto nuevas construcciones como mejoramientos de viviendas precarias. Al finalizar los noventa, el promedio anual alcanzó las 96 mil soluciones, con un total de 821 mil construidas (i.e., financiadas por los programas habitacionales del sector público), convirtiendo al país en pionero regional en la reducción del déficit habitacional (Minvu 2007).

Los noventa marcaron el mayor éxito en la erradicación de campamentos, tal como se aprecia en el Gráfico 1. En 1996, existían 972 campamentos con más de 100 mil hogares (Haramoto et al. 1997). Gracias a programas como Chile Barrio, en 2005 el número se redujo a 453, beneficiando a 82 mil familias. Un logro inédito.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Sin embargo, como muestra el Gráfico 1, la tendencia a la baja se detuvo en 2005, revirtiéndose por completo en la última década. Desde 2016, los campamentos pasaron de 660 (39 mil familias) a 1.428 (120 mil familias). Entre 2019 y 2025, el número de familias en estos asentamientos informales aumentó 153%, reflejo del deterioro de la política habitacional. El contraste con la década anterior es evidente: entre 2011 y 2019 se erradicaron solo 380 campamentos, beneficiando a 15.589 familias, una cifra muy inferior a la de los noventa. Además, el ritmo de construcción de viviendas nuevas ha caído fuertemente en los últimos tres años [Para Profundizar 1].

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Siguiendo el patrón histórico, hoy la mayoría de los campamentos se concentran en pocas regiones (Figura 1). Valparaíso, Metropolitana, Antofagasta, Tarapacá y Biobío reúnen al 78% de las familias que viven en ellos. ¿Por qué optan por esta alternativa? Las razones económicas son: el alto costo del arriendo, los bajos ingresos y la cesantía, pero también la necesidad de independencia (Techo, 2025).

Una particularidad adicional son los “macrocampamentos”, asentamientos irregulares que abarcan 1.000 familias o más, o que se componen de más de 500 familias entre dos o más campamentos. Hoy existen 30 macrocampamentos en el país, siendo el mayor la toma Alto Molle (Alto Hospicio) con 4.500 familias.

El impacto de la migración

El explosivo aumento de los campamentos coincide con el incremento de la población migrante. Los extranjeros pasaron de ser el 2,3% de la población nacional en 2014 (411 mil personas) al 9,6% en 2023 (casi 2 millones de personas).

Su presencia en los campamentos se ha vuelto decisiva. En 2011, solo un 1,2% de los jefes de hogar en campamentos era extranjero; en 2019 lo era un 30% y en 2022 llegaron al 40%, que corresponde a más de 47 mil familias (Minvu 2022). Los hogares migrantes suelen trasladarse a un campamento luego de tres años de estadía en el país y se concentran en algunas regiones: 87% de ellas vive en la Metropolitana, Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso y Atacama (Figura 1).

Una manera de explorar la relación entre migración y proliferación de campamentos a nivel comunal es mediante un binned plot. Este gráfico permite comparar el aumento en el número de residencias temporales y definitivas otorgadas a extranjeros entre 2013 y 2022 con la variación en el número de campamentos en el mismo período. El Gráfico 2 muestra los resultados de este análisis para 323 comunas del país. Se observa una clara tendencia positiva: a medida que crece el número de residencias otorgadas, también aumenta el número de campamentos en esas comunas. Esto sugiere que la expansión de la población migrante en el período estuvo acompañada, en varios municipios, por un incremento en la informalidad habitacional.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

El encarecimiento del arriendo

¿Qué explica la relación entre inmigración y proliferación de campamentos a nivel comunal? González-Navarro y Undurraga (2023) muestran que por cada 11 mil inmigrantes adicionales en un municipio urbano se crea un nuevo campamento. El mecanismo principal es la presión que ejercen sobre el mercado del arriendo, sobre todo en sectores vulnerables. Se estima que un tercio de los hogares del quintil más pobre son arrendatarios (Izquierdo y Ugarte, 2024). En las comunas con fuerte incremento de migrantes, la demanda de viviendas ha crecido sin una oferta equivalente, elevando los precios de los arriendos. Así, muchos hogares —chilenos y extranjeros— son empujados a vivir en campamentos.

Esto coincide con lo que señalan los propios residentes. Según el Catastro de Campamentos 2024-2025 (Techo Chile 2025), 80% identifica el alto costo del arriendo como la principal razón para llegar a un campamento, mientras que el 53% de las jefaturas de hogar encuestadas arrendaba antes de instalarse y un tercio vivía como allegado (Minvu 2022). La dificultad para acceder a un arriendo se agrava, porque el valor de las viviendas ha aumentado mucho más rápido que los ingresos de las personas [Para Profundizar 2].

El alza de los arriendos en Chile está ampliamente documentada. Entre 2009 y 2022, la proporción de hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al arriendo pasó del 20% a más del 40% (Simian 2023), mientras que entre los propietarios que pagan dividendo subió del 13% al 18% (Déficit Cero 2024). Este encarecimiento se acentúa en comunas con mayor concentración de población extranjera: se estima que un 10% del incremento del alquiler en los últimos años puede ser atribuido a la inmigración (González-Navarro y Undurraga, 2023) [Para Profundizar 3].

Sin control

La realidad de los campamentos se complejiza por la acción de organizaciones criminales. En los últimos años se ha consolidado un esquema de Tomas Organizadas con Recursos y Logística (TORL) que usurpan predios para vender o arrendar sitios, negocio ilícito que explica parte del crecimiento reciente (Atisba 2023). La limitada capacidad de reacción institucional —otro síntoma de la crisis de seguridad— ha permitido que estos grupos loteen terrenos, abran calles con maquinaria pesada y destinen espacios tanto a la ocupación como a la comercialización, vulnerando abiertamente el derecho de propiedad. Según Atisba, 22.737 viviendas se insertan en este tipo de tomas, incluida la toma Terrazas de Marga Mar (o Calicheros) en Quilpué, cuyo propietario, Alejandro Correa, fue asesinado en 2020 por un sicario por intentar recuperar su propiedad (Andrews 2022). Pese a la orden de desalojo obtenida por su familia en 2024, ella recién se ejecutó la semana pasada después de que su familia enfrentara un doloroso proceso administrativo y la insensibilidad de las autoridades del Minvu —responsables del desalojo y demolición de las construcciones (Campos 2025).

El macrocampamento Cerro Centinela, en San Antonio, es otro ejemplo de TORL. A diferencia de las tomas tradicionales, con construcciones ligeras y sin planificación, aquí la toma se inició con un trazado completo del terreno, calles abiertas con maquinaria y sitios delimitados (ver Figura 2A). Posteriormente, vino la ocupación y construcción por parte de 1.300 familias (ver Figura 2B). La inmobiliaria propietaria obtuvo una orden de desalojo en febrero de este año, que se postergó mientras se negociaba la venta al Estado, frustrada en agosto pasado (Estrada 2025).

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Las tomas y la lentitud de las autoridades para desalojarlas también generan cuantiosos efectos fiscales. Un informe de GPS Property estimó que los terrenos usurpados en Valparaíso, Santiago y Biobío —que siguen afectos a contribuciones— generaron en conjunto un costo anual de $1.544 millones a sus dueños. Por otro lado, la deuda acumulada por contribuciones de quienes no pagan por sus terrenos tomados asciende a $5.324 millones (Guzmán 2025).

A la comercialización ilícita de terrenos se suma la penetración del crimen organizado transnacional. El primer caso fue el de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, que se ubicó en la toma Cerro Chuño de Arica (Agouborde 2024). En Antofagasta, en el campamento Génesis II, un líder del Clan del Golfo de Colombia extorsionaba a los habitantes y cobraba por el uso de terrenos y servicios (Carvajal 2024). En Talagante, integrantes del Tren de Aragua usaban viviendas en el campamento Ribera del Río como casas de seguridad para secuestros y torturas (Delgado 2024). El vínculo entre campamentos y crimen organizado se hizo visible para la opinión pública con el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado en la toma Santa Marta de Maipú (Pareja 2025). Se trata de un fenómeno emergente y de gran complejidad que debe ser abordado por la academia y las autoridades.

En definitiva, algunos campamentos se han convertido en territorios donde confluyen bandas dedicadas a la usurpación y comercialización ilegal de terrenos; también al secuestro, extorsión y tráfico de drogas, agudizando los problemas de seguridad que hoy enfrenta el país.

¿Qué hacer?

La realidad de los campamentos en Chile ya no responde solo a la acción del movimiento de pobladores. Su mayor complejidad proviene de la precariedad, explosivo resurgimiento y, sobre todo, de su heterogeneidad. Es una nueva realidad que exige una política habitacional adaptada a estos desafíos.

La institucionalidad debe avanzar en la prevención de nuevas ocupaciones mediante la gestión inteligente del suelo y un sistema de alertas tempranas. La usurpación de terrenos vulnera el derecho de propiedad y genera asentamientos sin condiciones mínimas de habitabilidad o en zonas de riesgo.

La tarea más compleja es cómo enfrentar los campamentos ya existentes y los que se produzcan. Este es el verdadero desafío. En teoría, las leyes ofrecen diversas alternativas para desalojar a los ocupantes: acciones civiles, el recurso de protección o la reciente ley de usurpaciones —por la vía penal— son mecanismos disponibles. Sin embargo, las cortes fueron inicialmente tolerantes a estas ocupaciones, imponiendo solo un mandato de coordinación entre autoridades, ocupantes y propietarios que postergaba el fin de la toma. En los últimos años, las autoridades han ido tomando consciencia de la magnitud del problema. El Congreso Nacional, con amplia discusión y el rechazo de parte del oficialismo, aprobó a fines del 2023 la Ley de Usurpaciones (Ley N° 21.633). La Corte Suprema, ese mismo año, modificó su jurisprudencia anterior y se ha abierto a ordenar los desalojos (Mortera, 2024).

Sin embargo, tal como lo muestran las tomas Cerro Centinela y Calicheros, el problema subsiste, por lo que deben plantearse nuevas estrategias adecuadas a la nueva realidad de los campamentos. Esta estrategia debiera adaptarse a la diversidad de hogares y campamentos mediante un catastro público que clasifique según variables habilitantes (como la disposición de los hogares a registrarse y salir de la informalidad), el perfil del hogar (su vulnerabilidad, acceso a subsidios, organización colectiva) y perfil del campamento (e.g., antigüedad, tipo de suelo, riesgos, organización comunitaria). Esta clasificación permitiría diseñar soluciones diferenciadas: desde la regularización y urbanización con radicación hasta subsidios de arriendo asequible, barrios transitorios o erradicación. En paralelo, es fundamental el trabajo de las policías y fiscalía, que permita desbaratar a las bandas que operan desde terrenos usurpados.

Los campamentos ya no son solo expresión de la pobreza urbana; son el lugar en que confluyen diversas fallas del Estado. Urge recuperar la capacidad de las instituciones para garantizar, al mismo tiempo, la seguridad, el derecho de propiedad y el acceso a la vivienda. La respuesta no puede seguir postergándose. Asumir la magnitud y complejidad de este desafío es indispensable si queremos evitar que la ilegalidad se consolide como un rasgo permanente de nuestras ciudades.

Referencias

Agouborde, M. V. (2024, noviembre 20). Condenados en Chile 34 miembros de Los Gallegos, el tentáculo del Tren de Aragua que operaba en Arica. El País Chile. https://elpais.com/chile/2024-11-20/condenados-en-chile-34-miembros-de-los-gallegos-el-tentaculo-del-tren-de-aragua-que-operaba-en-arica.html

Andrews, J. P. (2022, abril 18). Caso Sicario: Asesino de Alejandro Correa es sentenciado a 28 años de cárcel y autor intelectual a 20 años de presidio. La Tercera. https://www.latercera.com/nacional/noticia/caso-sicario-asesino-de-alejandro-correa-es-sentenciado-a-28-anos-de-carcel-y-autor-intelectual-a-20-anos-de-presidio/6QEGK2CVUNAZPPDNHRBU4XMZ6Q/

Atisba. (2023). Crecimiento de campamentos. Incidencia de tomas organizadas con recursos y logística (TORL) (ATISBA Monitor). ATISBA.

Campos, S. (2025, septiembre 11). Toma en terreno de familia Correa: Hay fecha para demolición y ocupantes crean cooperativa. Emol.com. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/09/11/1177586/toma-terrenos-familia-correa-cooperativa.html

Carvajal, S. (2024, mayo 11). Grababa torturas, secuestros y homicidos: Prisión preventiva para líder de banda que operaba en el campamento Génesis II de Antofagasta. La Tercera. https://www.latercera.com/nacional/noticia/grababa-torturas-secuestros-y-homicidos-detienen-a-lider-de-banda-que-operaba-en-el-campamento-genesis-ii-de-antofagasta/FNNK6XZ3ZNEJZD3PN4HZTJF2PM/

Déficit Cero. (2024). Tenencia de vivienda. Déficit Cero. https://trayectoriavivienda.deficitcero.cl/tenencia-de-vivienda

Delgado, F. (2024, julio 24). Demuelen casas de campamento de Talagante usadas en secuestros: Encuentran escopetas y lanza granadas. BioBio Chile. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2024/07/24/demuelen-casas-de-campamento-de-talagante-usadas-en-secuestros-encuentran-escopetas-y-lanza-granadas.shtml

Estrada, M. (2025, agosto 23). Megatoma de San Antonio: Gobierno no alcanza acuerdo a horas del plazo fatal. La Tercera. https://www.latercera.com/nacional/noticia/megatoma-de-san-antonio-gobierno-no-alcanza-acuerdo-a-horas-del-plazo-fatal/

Gonzalez-Navarro, M., & Undurraga, R. (2023). Immigration and Slums. https://goo.su/h0ReBIa

Guzmán, L. (2025, agosto 25). Dueños de terrenos “en toma” pagan al menos $ 1.544 millones al año en contribuciones en solo tres regiones del país | Diario Financiero. Diario Financiero. https://www.df.cl/empresas/industria/duenos-de-terrenos-en-toma-pagan-al-menos-1-544-millones-al-ano-en

Haramoto, E., Izaurieta, R., Riffo, M., Sepúlveda, O., Concha, C., Schiappacase, P., Sepúlveda, D., Tapia, R., Toro, A., Avalos, S., & Instituto de la Vivienda. (1997). Catastro de campamentos y asentamientos irregulares: Cartografía nacional por región: informe final. Universidad de Chile, Instituto de la Vivienda.

Izquierdo, S., & Ugarte, G. (2024). Medición de la pobreza en Chile: El rol del alquiler imputado. Estudios Públicos, 175, 81-119. https://doi.org/10.38178/07183089/0001240312

Minvu. (2007). Chile: Un siglo de políticas en vivienda y barrio (2a. ed). MINVU, Pehuén Editores.

Minvu. (2022). Catastro Nacional de Campamentos 2022. Gobierno de Chile. https://www.minvu.gob.cl

Murphy, E. (2023). Propietarios insurgentes: La movilización de los sin casa en Santiago desde la década de 1950. En N. Angelcos & M. Pérez (Eds.), Vivir con dignidad. Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en Chile (pp. 39-59). Fondo de Cultura Económica.

Pareja, P. (2025, febrero 21). A un año del secuestro de Ronald Ojeda: La historia del crimen que dejó en vilo las relaciones entre Chile y Venezuela. La Tercera. https://www.latercera.com/nacional/noticia/a-un-ano-del-secuestro-de-ronald-ojeda-la-historia-del-crimen-que-dejo-en-vilo-las-relaciones-entre-chile-y-venezuela/AVDHUTNFDRAM3OBNSG3I4LI7IY/

Simian, J. M. (2023). Caída en la tasa de propiedad y asequibilidad de la vivienda. Estudios Públicos, 172, 91-129. https://doi.org/10.38178/07183089/1137220925

Techo Chile. (2025). Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025. Gobierno de Chile. https://cl.techo.org/catastro/

Sobre el autor

Mauricio Salgado es PhD en Sociología Computacional por la University of Surrey, Inglaterra. Ha participado y liderado diversos proyectos Fondecyt, Núcleos Milenio y Centros ANID Avanzados en Educación, cuyo trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas científicas. Ha sido profesor en pre y postgrado, y fue director de la carrera de Sociología de la Universidad Andrés Bello. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Públicos y profesor colaborador del Doctorado en Educación y Sociedad de la UNAB.

1. Cae el ritmo de construcción

La Figura A1 muestra el ritmo de construcción y regularización de viviendas nuevas anual (i.e., suma móvil de 12 meses) del país, desde febrero del 2007 (primer año de la administración de Michelle Bachelet I) a julio del 2025 (administración de Gabriel Boric). Desde diciembre de 2021, cuando se alcanzó un ritmo anual cercano a 146 mil viviendas construidas o regularizadas, la producción habitacional ha experimentado una marcada desaceleración. Hoy, en julio de 2025, ese ritmo se ha reducido a poco más de 78 mil unidades por año, lo que implica una caída de casi la mitad en apenas tres años y medio. Esta disminución sostenida revela un enfriamiento estructural de la capacidad de construcción y regularización de viviendas nuevas, con efectos directos sobre la oferta habitacional y el déficit que enfrentan miles de familias en el país.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

2. Se aleja el sueño de la casa propia

La Figura A2 compara, en base común 2016 = 100, la trayectoria trimestral del Índice de Precios de Vivienda (IPV) —que refleja la evolución de los precios de compraventa de viviendas— y del Índice Real de Remuneraciones (IRR), que mide el poder de compra de los salarios, deflactados por IPC. La normalización permite observar los ritmos de crecimiento relativos: entre 2016 y fines de 2021 el IPV acumula un aumento claramente superior al del IRR, evidenciando que el precio de la vivienda se encareció más rápido que las remuneraciones reales. A contar de 2022 se aprecia una corrección en el IPV y una estabilización y leve recuperación del IRR hacia 2023–2024, lo que reduce parcialmente la brecha; sin embargo, el nivel del IPV permanece por encima del IRR en la mayor parte del período, sugiriendo una desalineación persistente entre el valor de la vivienda y el ingreso salarial real de las personas.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

3. ¿Fomentar la compra o el arriendo?

En Chile, los propietarios enfrentan una menor carga financiera que los arrendatarios, lo que hace razonable mantener el esfuerzo de política pública orientado al acceso a la vivienda propia. La continuidad de los subsidios, el fortalecimiento de garantías estatales y la creación de nuevas líneas de financiamiento —como las de “pie cero” dirigidas a los más jóvenes— permitirían ampliar las oportunidades de acceso a la propiedad. Sin embargo, la política habitacional sigue concentrada en otorgar viviendas sin deuda al 40% más vulnerable mediante el subsidio DS49, mientras que quienes superan ese umbral reciben apoyos mucho más limitados (como el DS1). Por ello, resulta necesario evolucionar hacia un sistema integrado que considere tanto a sectores vulnerables como a sectores medios, con soluciones proporcionales al ingreso, la situación y las características de cada hogar, incorporando además los cambios sociodemográficos, como el aumento de los hogares monoparentales.

Leer más:

• Columna de opinión: “Megacampamentos y déficit habitacional”: https://www.cepchile.cl/megacampamentos-y-deficit-habitacional/
• Columna de opinión: “Casen: ¿pobreza sin campamentos?”: https://www.cepchile.cl/casen-pobreza-sin-campamentos/
• Columna de opinión: “Alianzas público-privadas para barrios activos”: https://www.cepchile.cl/alianzas-publico-privadas-para-barrios-activos/
• Columna de opinión: “Del mapa al territorio: claves para el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055”: https://www.cepchile.cl/del-mapa-al-territorio-claves-para-el-plan-nacional-de-infraestructura-publica-2025-2055/

En esta edición de Voces del CEP, te recomendamos disfrutar de los siguientes seminarios que ya están en nuestra web y YouTube:

• “Polarización política y desinformación en entornos digitales” con la participación del destacado profesor de Sociología en la Universidad de Leipzig (Alemania), Marc Keuschnigg.
• Con motivo de la entrega de nuestro boletín nº19, “Empleo público: el Estado en su laberinto” con la participación de Dorothy Pérez, contralora general de la República.
• “Cohesión social y migración: una década de cambios y desafíos” con Roberto González, investigador principal ELSOC-COES; Mauricio Salgado, investigador CEP; y Marcela Tapia, académica Universidad de Tarapacá.
• Puedes estar al tanto de todas las actividades y publicaciones del Centro de Estudios Públicos sólo abriendo tu mail. Suscribirte aquí a nuestro servicio de newsletters.

Te recordamos que puedes mantenerte informado de nuestra agenda aquí o mandarnos un mensaje a nuestro canal en Whatsapp (+56958989491) para recibir todas las actualizaciones.

Si quieres recibir este boletín en tu mail suscríbete aquí.