Trato siempre de leer las columnas de Eugenio Tironi en este diario. Un observador agudo, con una notable sensibilidad sociológica. Suele captar bien las fuerzas que se mueven en la sociedad. A veces las anticipa. Por esto su última columna es tan preocupante.
Se llama «Del verbo judicializar», y fue escrita a propósito del fallo que canceló el permiso ambiental dado al proyecto Castilla. Por supuesto, Tironi advierte su enorme relevancia y simbolismo, pero en lugar de criticarlo -como lo han hecho buena parte de los comentaristas-, lo celebra. Ve en él un caso de «emancipación» de los tribunales frente al yugo de las «leyes económicas» que, a su juicio, han venido campeando sin contrapeso.
Es interesante como caracteriza el caso: una tensión entre los tribunales, por una parte, y por la otra, lo que él llama los «expertos», es decir, esos pocos que conocen y manejan las leyes económicas. Estos conformarían una «oligarquía tecnocrática» acostumbrada a imponer desde la altura de su saber lo que es bueno y justo.
Para el columnista, por tanto, el fallo Castilla constituye una reivindicación de la gente común y corriente frente a esa oligarquía, un acto de justicia por el cual parte del poder que ha monopolizado por décadas se comparte con la mayoría. Es, concluye, un fallo que no debería preocuparnos. Al contrario, debe dejarnos con la satisfacción «de la solidez alcanzada por el Estado de Derecho».
Imposible no preocuparse tras leer esta columna. ¿Qué está viendo el sociólogo? ¿Son los jueces el camino para forjar entre nosotros una mejor comunidad política, más equitativa para todos, más democrática, en definitiva? ¿Deberíamos, por lo mismo, «judicializar» en número creciente los dilemas que enfrentamos en democracia?
Plantear el caso Castilla como una tensión entre tribunales justicieros y una «oligarquía tecnocrática» celosa de su poder, es ingenioso, pero peligrosamente ingenuo desde un punto de vista político. Políticamente, la tensión relevante no es entre tribunales defensores de la mayoría y una minoría tecnocrática. Es, en cambio, entre órganos que tienen responsabilidad política y órganos que carecen de ella.
Los tribunales son de estos últimos: no tienen -ni deben tener- responsabilidad política. No están subordinados al voto, por lo que su poder depende de su buena conducta y no del favor ciudadano. El poder del Gobierno y del Congreso, que dictan leyes y reglamentos, en cambio, sí depende de este favor.
El papel de los tribunales en la comunidad política, por tanto, debe ser acotado. Un papel fundamental, no cabe duda, pero preciso y circunscrito, lo más apegado y deferente posible a las leyes y reglamentos. ¿Por qué? Porque en estos textos está la voluntad de los ciudadanos.
Por esto, no cabe celebrar el hecho de que una sociedad se «judicialice». Sería el síntoma de que los ciudadanos y sus representantes devienen crecientemente incapaces de enfrentar los desafíos de la vida en común, por lo que se los entregan a funcionarios sobre los que no tienen control. Una abdicación democrática.
Castilla no reafirma la solidez del Estado de Derecho. A lo más, muestra de nuevo los problemas que tiene el control judicial de los actos de la administración, cuando se hace vía recurso de protección una acción cautelar, cuyos difusos contornos invitan a la discrecionalidad y activismo judicial. Tampoco es un traspaso de poder desde una eventual oligarquía tecnocrática a la mayoría. A lo más, es la expansión del poder de otra oligarquía: la judicial, una que sí está desconectada de los ciudadanos, porque debe estarlo.
Castilla sólo puede preocupar y hacer pensar en límites al recurso de protección para proteger las instituciones ambientales que con esfuerzo se han venido construyendo. No puede dejarnos tranquilos conjugando un verbo tan riesgoso para la democracia, como desagradable al oído.
