(…) es imperioso no perder de vista que, en la vorágine de cambios que probablemente se avecina, cualquier avance en descentralización de atribuciones, debe ir acompañado de medidas que fortalezcan las herramientas y capacidades de los gobiernos locales, así como refuercen la transparencia de su gestión.
A una semana del plebiscito, resulta claro que, independiente del resultado electoral, hay ciertos consensos que guiarán las políticas públicas en los próximos años. Uno de ellos, es la importancia de seguir avanzando hacia una efectiva descentralización.
Las razones para impulsar la descentralización son múltiples. Una fundamental es la mejora de las políticas públicas gracias al mayor conocimiento de las autoridades locales de la realidad de cada territorio, así como el fortalecimiento de la participación y con ello, el refuerzo el control ciudadano sobre las autoridades.
La diversidad geográfica e histórica en Chile es uno de sus grandes atributos, y un claro valor. Pero también, hay diferencias que revelan profundas desigualdades de oportunidades. Mientras que 25% de las comunas cuentan con una cobertura de agua potable superior al 90%, en un 25%, la cobertura es menor al 70%. La tasa de mortalidad infantil de menores de un año en 2021 varía también a lo largo de nuestro territorio: en 22% de las comunas es menor a 2 en 1.000, pero en un 22%, la tasa es de 10 en 1.000 o más (Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)). Todas estas diferencias en geografía, historia y condiciones refuerzan la diversidad en las preferencias, percepciones y actitudes de sus habitantes. La reciente encuesta CEP Especial 87, ilustra este punto.
Pero hay otra heterogeneidad que suele pasar más desapercibida que también debe preocuparnos: aquella relacionada a las capacidades y competencias para diseñar e implementar las políticas públicas. Estas son fundamentales para la materialización de los beneficios de la descentralización. Un indicador relevante es el porcentaje del presupuesto municipal ejecutado. En 2021, casi un 30% de las municipalidades no alcanzó el 75% de ejecución, y un 86% no supera el 90% (SINIM). Esto se observa en bajos y altos niveles de pobreza. Los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) no han cumplido con la expectativa de incorporar de la sociedad civil en la planificación de los municipios urbanos o fortaleciera la rendición de cuentas. Por una parte, la participación de la ciudadanía ha sido en general simbólica (Ketterer, 2019, comunas de la RM). Y por otra, no parecen incorporar las diferentes realidades comunales: muchos son realizados por consultoras externas, que en la percepción de los funcionarios municipales, tienen una baja adecuación a las particularidades de cada comuna (Mena y Montes, 2016).
Por ello, es imperioso no perder de vista que, en la vorágine de cambios que probablemente se avecina, cualquier avance en descentralización de atribuciones, debe ir acompañado de medidas que fortalezcan las herramientas y capacidades de los gobiernos locales, así como refuercen la transparencia de su gestión. Estas medidas no solo deben apuntar específica y explícitamente a esto, sino que deben contar con el financiamiento adecuado. Sin ellas, es imposible alcanzar los beneficios de la descentralización, frustrando una demanda central para la ciudadanía.
