Votar y aportar: ¿lo mismo?
Había mucho de tabú en ella. Se sabía que existía, y profusamente. Se sabía, incluso, que parte del funcionamiento democrático descansaba en ella. Pero de ella no se hablaba. Como si no existiera, preferíamos dejarla en la intangibilidad del silencio, en la penumbra de lo inefable. Al no reconocerla y al no aludirla, honrábamos el tabú.
Hasta que, en el año 2003, la ley reconoció la relación entre el dinero y las campañas políticas, y la formalizó. El tabú se quebró y, de paso, mejoró el diseño institucional de la democracia. Mediante distintos mecanismos se buscó que esa relación, prácticamente inevitable, fuera lo más virtuosa posible.
La virtud se intentó reduciendo la posibilidad de dos vicios típicos: corrupción y extorsión. El primero es el pago que un privado ofrece al candidato a cambio de favores futuros. El segundo es el pago que el candidato pide a un privado, amenazando represalias futuras. Además, se introdujo financiamiento fiscal, con la igualdad de oportunidades que éste permite.
Esta ley es correcta, tanto práctica como normativamente. Práctica, porque trae a la luz y formaliza una relación que en los hechos siempre se ha dado y, todo indica, se seguirá dando. Normativamente, porque configura un escenario en que se pueden ejercer algunos derechos básicos, como la libertad de expresión, propiedad, de asociación e igualdad.
Por supuesto, la ley puede ser mejorada. La experiencia ha revelado ciertas deficiencias, y los escándalos recientes sugieren la urgencia de una mejor fiscalización. Estas mejoras fueron propuestas por la comisión que nombró la Presidenta, y se preparan los proyectos de ley que las materializan. Pero ella agregó una reforma que estaba en su programa de gobierno, pero no fue propuesta por la comisión: prohibir a las personas jurídicas aportar a las campañas. Un retroceso.
Se basa en un razonamiento falso: si las personas naturales son las que votan, las jurídicas no pueden aportar. Falso, porque son cuestiones distintas. El voto manifiesta una preferencia política. Los aportes, en cambio, aumentan los mensajes y la información electoral. De hecho, se puede aportar a más de una candidatura, pero no votar por más de una, pues se anula el voto.
Y es obvio que la prohibición no terminará con el aporte histórico de las personas jurídicas, sino que lo retrotraerá a la situación anterior a la ley, relegándolo a la oscura y viciosa informalidad. Entonces, otra vez haremos como si no existiera. Otra vez, el silencio del tabú.
