Se ha puesto en peligro uno de los principales avances en el financiamiento de la política.
La ley 19.884 sobre financiamiento de la política ha sido un paso institucional importante. Un proyecto de ley recién aprobado, sin embargo, arriesga el peligro de desandar mucho de lo avanzado.
Esa ley se hizo cargo de una necesidad largamente eludida: formalizar las platas que se destinan a las campañas electorales. Estas siempre se han financiado y siempre se seguirán financiando. La única alternativa, por tanto, es dejar que se haga informal o formalmente.
Los donantes y candidatos de mala fe tienen incentivos para preferir la informalidad. Esta les permite alcanzar acuerdos a espaldas del electorado, por los cuales el donante da a cambio de futuros favores (corrupción) o el candidato exige una donación bajo amenaza (extorsión). La informalidad transforma el financiamiento de la política en un asunto privado, opaco y, por lo mismo, fértil en irregularidades.
Tanto los donantes y candidatos de buena fe, como el público, tienen incentivos para preferir la formalidad. Esta dificulta los acuerdos privados entre donantes y candidatos mediante dos vías: la publicidad y la reserva. Ambas se basan en la idea que candidato y electorado sepan lo mismo sobre la donación. Si es pública, candidato y electorado saben quién donó, cuánto y a quién. Esto ayuda a controlar la posibilidad de corrupción y extorsión, pues el público puede seguir la conducta futura del candidato electo. Por ejemplo, si éste vota una regulación muy favorable a su donante, quedará expuesto a la necesidad de dar explicaciones.
Si la donación es reservada, candidato y electorado también saben lo mismo: quién donó, pero no cuánto a quién. Esto se logra mediante un mecanismo que impide al candidato y al público conocer el monto y destino final de cada donación. Es uno de los avances más notables de la ley 19.884, pues extiende la lógica del voto secreto a las donaciones políticas. Esta lógica se funda en la misma simetría de información entre candidato y electorado: ambos saben que alguien votó, pero no por quién. La historia ha demostrado que es una lógica exitosa, pues remedió los males que, como el cohecho, se derivaban del conocimiento que el candidato tenía de la preferencia del votante.
La donación reservada tiene, incluso, más virtudes que la pública. Además de dificultar la corrupción y extorsión, garantiza la autenticidad y autonomía de nuestras preferencias políticas. Por ejemplo, una persona que vive en un mundo de derecha puede tener simpatías por un candidato izquierdista. El voto secreto y la donación reservada permiten que tal simpatía se materialice, pues no habrá necesidad de dar explicaciones en el almuerzo del domingo.
Para garantizar la reserva de las donaciones, la ley 19.884 dispuso un mecanismo de varias piezas. Una de ellas, fundamental, es la forma fraccionada y aleatoria con que el candidato las recibe durante la campaña. Esto, para evitar que donante y candidato acuerden una cifra tal, que permita a éste verificar la donación. Por ejemplo, $6.666.666. Si el candidato recibe este monto entero, sin ser fraccionado, sabrá a ciencia cierta que el donante cumplió su parte.
Este mecanismo operó bien las últimas elecciones municipales. Pero, inexplicablemente, un proyecto aprobado por el Congreso con varias mejoras a la ley, elimina la entrega fraccionada. Debe ser un error inadvertido, pues no se ven razones para sacar una pieza sin la cual el mecanismo no funciona. Sin entrega fraccionada, se rompe la simetría de información entre candidato y electorado, permitiendo un acuerdo privado entre donante y candidato. Y con beneficios tributarios, más encima. Simplemente impresentable.
Sólo cabe esperar ahora que el acuerdo entre Gobierno y Congreso para restituir la fracción aleatoria con una próxima ley, sea debidamente cumplido.
