Que el crecimiento y la responsabilidad fiscal vuelvan al centro de la agenda presidencial es una buena noticia. Ambos temas están profundamente conectados: sin crecimiento no hay recursos sostenibles para financiar políticas sociales, y sin orden fiscal no hay confianza ni inversión que impulse la economía.
En el último debate presidencial hubo un elemento que merece destacarse: la macroeconomía volvió a ser una prioridad para los candidatos. Tanto el crecimiento económico como la responsabilidad fiscal reaparecieron como ejes de la discusión pública, después de varios años en que estos temas parecían haber quedado relegados.
La ciudadanía ha internalizado, con razón, la relevancia del crecimiento económico. No se trata de una consigna abstracta: el crecimiento es el motor que impulsa la inversión, la creación de empleos y, en definitiva, las oportunidades.
Hoy ese debate es particularmente urgente. El mercado laboral sigue debilitado, con tasas de desempleo superiores a las previas a la pandemia (Banco Central de Chile 2025), y con niveles de pobreza que alcanzan al 22,3% de la población según una nueva metodología (Ugarte e Izquierdo 2025). En este contexto, volver a hablar de crecimiento no es un lujo técnico, sino una necesidad social. Por eso es buena noticia que los candidatos vuelvan a plantear metas ambiciosas de crecimiento.
Junto a este, la discusión fiscal también se ha instalado en el debate presidencial. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre la urgencia de aplicar medidas adicionales de reducción del gasto en 2025 para cumplir con la meta de balance estructural, y ha subrayado que el Presupuesto 2026 debe estar alineado con ese compromiso (CFA 2025).
Cuando el Estado gasta más de lo que puede financiar, aumenta la deuda y suben las tasas de interés, encareciendo créditos hipotecarios, de consumo y los financiamientos para las empresas. A la larga, la pérdida de confianza reduce la inversión y con ello la creación de empleos. En otras palabras, la disciplina fiscal es una condición básica para que la economía funcione y las familias vivan con mayor estabilidad financiera.
Más allá de las propuestas de recortes que se discuten en campaña, lo relevante es la voluntad de enfrentar el problema fiscal con medidas concretas. En un trabajo reciente del CEP (2025) identificamos 20 líneas de acción para mejorar la eficiencia del gasto público.
Cuatro de ellas son administrativas —no requieren del Congreso— y podrían aplicarse en los primeros meses de un nuevo gobierno. Solo esas cuatro medidas permitirían reducir el gasto en 1.700 millones de dólares, equivalentes a 0,5% del PIB. Si se implementara el conjunto completo de acciones, el ahorro podría llegar a 5.700 millones de dólares.
Que el crecimiento y la responsabilidad fiscal vuelvan al centro de la agenda presidencial es una buena noticia. Ambos temas están profundamente conectados: sin crecimiento no hay recursos sostenibles para financiar políticas sociales, y sin orden fiscal no hay confianza ni inversión que impulse la economía. Recuperar esa visión integral —crecimiento ambicioso y responsabilidad fiscal— no es solo deseable: es indispensable para que Chile pueda enfrentar sus desafíos y asegurar un futuro con más oportunidades.
