Se habla de descentralizar. Hay que pensarlo mejor.
Algo opacadas por el conejo que Renovación Nacional sacó del sombrero, las precandidatas se encontraron en Valparaíso para el primer «diálogo regional.» Como correspondía, se discutió sobre descentralización. El diálogo me trajo a la memoria una imagen, tan fascinante como aterradora, que circuló hace un par de meses. Era el cadáver de Diego Portales, notablemente conservado. Un detalle me llamó especialmente la atención por su nitidez: la mano.
Portales luchó incansablemente por «un gobierno fuerte, centralizador» y su esfuerzo cristalizó en la Constitución de 1833. Las aspiraciones federalistas y la idea de una república atomizada en sus decisiones habían perdido la batalla de Lircay, en medio del temor al desorden. La Constitución de 1833 dispuso una poderosa y centralizada estructura de poder en torno al Presidente de la República. También consagró la ubicuidad del gobierno central en la figura del intendente, definido como el «ajente natural e inmediato» del Presidente de la República. Alguna vez leí que esta expresión fue escrita, literalmente, por la mano de Portales.
Así se establecieron las bases de nuestro gobierno interior. En 1930, esas bases fueron reforzadas por otro gran centralizador: Carlos Ibáñez. Éste aumentó enormemente el poder de la administración central, de tal suerte que casi cualquier decisión pública pudo tomarse por decreto, e infinitas decisiones privadas debieron ser autorizadas por decreto. La combinación fue implosiva, liberando una potente fuerza centrípeta que hasta hoy recorre el país en forma de intendencias y secretarías regionales ministeriales (seremis).
A partir de la reforma constitucional de 1991, se ha intentado contrarrestar esa fuerza, robusteciendo municipios y gobiernos regionales. El resultado ha sido parcial: un decreto del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, se sigue imponiendo sin ningún pudor a un plan regulador comunal y a un plan regional de desarrollo urbano. Y, en la práctica, los fondos comunales y regionales siguen siendo decididos en Santiago.
Frente a este atávico centralismo, las precandidatas proclamaron su apoyo a un proyecto de reforma constitucional del Gobierno para la elección popular de los consejeros regionales (hoy son elegidos por los concejales comunales), y -agregaron ellas- de los intendentes. Pero esto sólo haría más evidente el problema, pues daría legitimidad democrática a los gobiernos regionales, que, no obstante, seguirían subordinados a la misma fuerza central de las seremis.
Para doblarle la mano a Portales, hay que pensarlo mejor.
