Converse usted con empresarios grandes o pequeños y seguramente oirá quejas sobre la maraña regulatoria contra la que lidian todos los días. Porque para hacer cosas en Chile se requieren un montón de trámites, permisos de todo tipo, evaluaciones, timbres, firmas, huellas digitales y mucho más. Y hay un guirigay de instituciones públicas que pueden demorar, encarecer o vetar es, las más de las veces. Los que tienen tamaño y medios suficientes contratan especialistas o apelan directamente a ministros e, incluso, la Presidenta. El resto hace menos de lo que podría o, simplemente, se hace informal.
¿En qué consiste la maraña? En cada caso se trata de trámites y autoridades distintas, pero hay dos cosas en común. Primero, para hacer algo es necesario cumplir con requisitos vagos cuya precisión queda a criterio de funcionarios. Segundo, en todo proyecto intervienen muchos organismos públicos pero nadie los coordina.
Esto se aprecia mejor examinando un caso bien documentado, los proyectos de desarrollo urbano condicionado (PDUC)(*). Un PDUC es un gran proyecto inmobiliario que urbaniza suelo más allá de los límites urbanos. Para hacerlo se le exige, sin embargo, compensar los impactos viales y ambientales y pagar por la infraestructura adicional que el proyecto requerirá. Esta idea es muy buena, porque estos proyectos crean costos que no asumen los inmobiliarios (las así llamadas externalidades). Pero la maraña implica que el fin se logra a un costo mucho mayor que lo necesario.
De un lado, hay numerosos requisitos injustificados. Por ejemplo, hay que urbanizar a lo menos 300 ha y rodearlas con una faja libre de 250 metros de ancho (unas 190 ha). Además, el proyecto se debe ejecutar en etapas de más de 3.000 habitantes, se le imponen densidades mínimas y una serie de restricciones adicionales. Del otro lado, hay que seguir el procedimiento que resume la figura y que implica pasar por 14 instituciones. Así, por ejemplo, el SAG debe informar que no se afectarán canales de riego y aprobar un proyecto de mitigación si, en su opinión, el PDUC “afecta a la agroindustria”; el Seremi de Agricultura debe certificar que no se ocuparán suelos de “alta prioridad agrícola”; la municipalidad debe concluir que el proyecto es “compatible con la estrategia de desarrollo comunal”; y tanto el MOP como la Sectra exigen, cada uno por separado, un estudio de impacto vial con fin muy similar pero metodologías muy distintas.
Pero hay más. Cada una de las 14 instituciones actúa separadamente sin que nadie tenga autoridad para coordinarlas. Y como en la segunda etapa que muestra la figura nadie tiene plazo para responder, cada una puede vetar el proyecto. Por cierto, en principio el Seremi del Ministerio de la Vivienda es la ventanilla única. Pero en la práctica se trata de una disposición ineficaz, porque no tiene facultades para apurar al resto de las instituciones y el informe técnico definitivo no tiene plazo de aprobación.
Lo más sorprendente es que esta locura tiene lógica. ¿Cuál es? El investigador del CEP Lucas Sierra ha mostrado que en Chile la regulación tiene sentido “vertical” y se asemeja a una pirámide que se desprende desde la Presidenta de la República. En realidad, quien está regulando a través de las 14 instituciones que aprueban las PDUC es ella, en uso de su potestad administrativa. El reparto de atribuciones entre ministerios y servicios nunca se coordina, porque en último término quien tiene autoridad para zanjar conflictos de competencia es el Ejecutivo. Pero si bien la Presidenta tiene autoridad para coordinar y acelerar cualquier trámite, en la práctica no tiene tiempo para hacerlo en la mayoría de los casos. El resultado es un vacío que explica una maraña en apariencia incomprensible.
Desarmar la maraña es una de las reformas necesarias para superar el magro crecimiento de los últimos ocho años. Porque con la suma de miles de trabas, muchas pequeñas y otras no tanto, el costo de hacer las cosas es mayor y los recursos rinden menos. Partir es fácil. Basta con que el gobierno aplique, por fin, la reforma de la gerencia pública que el Congreso aprobó hace varios años, pero que los dos últimos gobiernos han demorado incomprensiblemente. Pero falta mucho más. Hay que eliminar una legión de trámites inútiles, simplificar y mejorar procesos y también hacer que la ventanilla única sea eficaz. En este, como en muchos otros ámbitos, hay un mundo de oportunidades para mejorar. Sólo faltan gobiernos que se atrevan.
(*) Lo que sigue está basado en Iván Poduje, “El globo y el acordeón: planificación urbana en Santiago, 1960-2004”, y Lucas Sierra, “Urbanismo por decreto: centralismo y confusión institucional en la ciudad chilena”, ambos publicados en Santiago: dónde estamos y hacia dónde vamos. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2006.
