Nuestro patrimonio natural está como nunca antes en peligro y nuestra actual institucionalidad no da el ancho para enfrentar este tremendo desafío, probablemente el más complejo de todos.
En la mitad del proceso más importante que ha enfrentado nuestro país después del retorno a la democracia, a saber, la redacción de nuestra nueva constitución, la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) ha caído en el olvido. Sin embargo, nuestra naturaleza no puede seguir esperando.
Producto del cambio climático nuestro país sufre la peor sequía de la cual se tenga registro. Las precipitaciones en la zona central del país han disminuido de forma sostenida en los últimos 10 años. Por ejemplo, en 2019 en Quinta Normal se registró un déficit de 76% en las precipitaciones y en 2020 en San Felipe el déficit superó el 80%. En relación con las precipitaciones acumuladas hasta el año 2020, Vallenar presentaba un déficit de 59% y Santiago de 52% (DGA 2020). Esta disminución de las precipitaciones afecta el caudal de los ríos, las napas subterráneas y el nivel de agua acumulado en los embalses. La mayoría de los embalses en Chile presentan una baja considerable, siendo crítica la situación de los embalses situados entre la cuarta y la séptima región, donde vive el grueso de la población y se concentra la actividad agrícola. El futuro no se ve alentador. De no haber un cambio importante en nuestra política hídrica, Chile pasará a ser parte de los 30 países con mayor estrés hídrico del mundo.
La megasequía afecta de forma dramática nuestros frágiles ecosistemas y su biodiversidad, que no son solo nuestro recurso más preciado sino también nuestro hábitat. Estos además deben enfrentar los efectos de la contaminación, la expansión de las ciudades, la desertificación del suelo, la sobreexplotación del mar y la tierra, entre otros factores. Nuestro patrimonio natural está como nunca antes en peligro y nuestra actual institucionalidad no da el ancho para enfrentar este tremendo desafío, probablemente el más complejo de todos.
Aun cuando existe amplio consenso en la academia sobre la crucial importancia de crear el SBAP para proteger de forma adecuada nuestra naturaleza, consenso que además goza de transversalidad política (prácticamente todos los candidatos a la presidencia proponían apurar la tramitación de este proyecto), el proyecto de ley lleva más de 10 años de tramitación sin todavía poder ver la luz. Algunos parlamentarios han argumentado últimamente que se debería esperar los lineamientos que entregará la nueva Constitución. Sin embargo, esto es un grave error. Los cambios constitucionales toman años si no décadas en materializarse, nuestra naturaleza no puede esperar. Por otra parte, muchas de las modificaciones constitucionales requieren de una institucionalidad adecuada para llevarse a cabo, de manera que aprobar el proyecto de ley no solo permitiría robustecer la institucionalidad a cargo de la conservación, recuperación y protección de nuestra naturaleza, sino que también estaríamos en mejores condiciones de implementar los cambios constitucionales en materia de medio ambiente.
Cuesta entender la lentitud del Congreso para avanzar en materias que son urgentes y donde existe consenso técnico. Y es precisamente aquí donde veo el principal nudo crítico que enfrenta a la ciudadanía con la política, a saber, que los tiempos de la política no están respondiendo a los problemas que hoy nos aquejan. Es de esperar que el nuevo Congreso electo esté consciente de esta brecha entre la política y la ciudadanía, y responda de forma oportuna a las urgencias que nos impone el cambio climático, antes de que sea demasiado tarde.
