En la obra de Edmund Burke, un agudo observador irlandés del siglo XVIII, está la idea de que quien promueve un cambio en la sociedad, tiene la carga de la prueba. Esto no significa oponerse al cambio. Sólo significa que quien lo promueve debe convencer a los demás, no a la inversa.
Esto cobra vigencia en toda su intuitiva sensatez. El Gobierno anunció para esta semana dos proyectos de ley sobre la institucionalidad ambiental. Uno crea el Ministerio del Medio Ambiente. El otro, una Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Es una reforma profunda, pues esta institucionalidad fue diseñada, precisamente, sobre la ausencia de ambos organismos.
En lugar de un Ministerio del Medio Ambiente, que centralizara las competencias ambientales repartidas en 13 ministerios distintos, se decidió crear un mecanismo de coordinación entre éstos, a fin de que diseñara la política ambiental, gestionara los permisos y fiscalizara. Éste es el mecanismo Conama y Coremas. ¿Cómo ha operado en los 14 años que tiene? Las opiniones difieren.
Según algunos políticos, pésimo. Sebastián Piñera afirmó que la regulación ambiental está en «crisis» y «ha devenido en una aguda conflictividad social». Para el senador Girardi, es «vergonzosa» y «uno de los puntos más débiles que ha tenido la Concertación». Y para el senador Allamand, ella nos tiene «absolutamente estancados».
Las evaluaciones técnicas internacionales están en las antípodas. Por ejemplo, el índice de las universidades de Yale y Columbia (2008) ubica a Chile en el lugar 29 entre 149 países, superando a países más ricos como Irlanda y Estados Unidos. El informe de la OECD (2005) reconoce algunos problemas, en fiscalización, especialmente, pero habla en general de «instrumentos innovadores» y «reformas exitosas».
Y a medio camino, pero más cerca de las evaluaciones internacionales, los diagnósticos técnicos en Chile son básicamente positivos. Acusan problemas, por cierto, pero éstos son más de gestión que de diseño, por lo que podrían resolverse dentro de la institucionalidad y, muchas veces, aplicando ésta de verdad, pues aún habría capacidad instalada ociosa.
En el Congreso, por tanto, se deberá exigir a los reformistas que prueben su caso, pues quieren reemplazar una institucionalidad que ha funcionado, puede mejorarse y se aviene con nuestro presidencialismo.
Se necesitará, eso sí, más sensatez que la sugerida por las opiniones políticas citadas más arriba, dichas en campaña y en la conmoción por los cisnes muertos en el sur. El tiempo ha pasado y puede haber lugar -ojalá- para la racionalidad que exige la prueba de Burke.
