En las últimas semanas hemos asistido a un interesante debate sobre la derecha chilena.
Sus protagonistas han discutido sobre dos cuestiones: por un lado, tenemos a quienes creen en la existencia de sus “dos almas”. Por otro, a aquellos que, por diferentes motivos, sostienen que las dirigencias del siglo XXI no representan cabalmente al sector. A pesar de sus diferencias, ambas aproximaciones comparten una visión excesivamente maniquea y normativa.
La dicotomía entre lo que Hugo Herrera ha denominado una derecha “histórica” (o “republicana”) y una “economicista” (o “neoliberal”) es sugerente. Según él, la primera -que considera buena y deseable- estaría anclada en el “territorio” y preocupada de consumar las “pulsiones y anhelos populares”. La segunda -mala e indeseable- defendería “una concepción atomista de la sociedad, donde el individuo es una entidad última y el Estado un mero instrumento”. Me temo, no obstante, que este marco interpretativo se queda corto. Y esto por tres razones.
En primer lugar, la obra intelectual de cualquier referente político casi nunca es homogénea y lineal, por lo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de encasillarla en esta u otra vereda ideológica. Así, por ejemplo ¿en qué Mario Góngora se piensa cuando se le cita como de derecha? ¿En el comunista de la década de 1930, en el católico conservador, en el crítico de las “planificaciones globales” de comienzos de los ochenta?
Por otro lado, muchas veces se pasa por alto que las agrupaciones actuales deben mucho a la fusión de las corrientes que, en 1966, derivaron en el Partido Nacional. Allí se dieron cita liberales clásicos, como Pedro Ibáñez Ojeda; conservadores, como Francisco Bulnes; y agrario-nacionalistas, como Sergio Onofre Jarpa. Fue esa mezcla la que quedó plasmada en el programa del partido, “La Nueva República”, y que luego sobrevivió al golpe de Estado.
En efecto, y esta es la tercera razón, no es claro que en la dictadura la derecha economicista haya sido hegemónica, como muchas veces se cree. Hubo neoliberales, por supuesto, pero también corporativistas, nacionalistas, conservadores y liberales clásicos. La Constitución de 1980 -que no es obra sólo de Jaime Guzmán, sino también de otros miembros de la Comisión Ortúzar, así como del Consejo de Estado- abrevia todas esas variantes. Desde entonces, ellas conviven mejor o peor según las necesidades electorales, a sabiendas de que el poder no es alcanzable a costa de la otra.
Estas cuestiones (hay más, pero el espacio no permite detenerse en ellas) remiten tanto a la historia intelectual como a la historia de las prácticas políticas. Si no se consideran es probable que terminemos simplificando lo que es esencialmente complejo y dinámico. Un tema tan importante no puede caer (únicamente) en manos de la normatividad.
