A pesar de los numerosos avances medioambientales que hemos tenido, hoy debemos enfocarnos con decisión y efectividad en reducir las amenazas a nuestra naturaleza.
A principios de los años 90, nuestro país experimentaba serios problemas medioambientales, como la contaminación del aire y de las aguas, la sobreexplotación pesquera y, cómo olvidar, las montañas de chips de bosque nativo que se exportaban desde el sur de Chile. Hoy, después de más de 30 años de esfuerzo, se han generado importantes avances institucionales y aportes desde la sociedad civil que han permitido avanzar efectivamente en la protección y valoración del medio ambiente. Lamentablemente, estos avances se han visto contrarrestados por la aparición de importantes amenazas, como el impacto del cambio climático en la biodiversidad y la falta del Estado de Derecho en ciertos espacios naturales, permitiendo su degradación de forma silenciosa.
En 1992, nuestro país participaba decididamente en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y se comprometía por parte del Estado y los privados tanto el cuidado ambiental como la sostenibilidad y la generación de un marco legal eficaz. En marzo de 1994, se promulgaba la Ley de Bases del Medio Ambiente, la cual materializaba las necesidades y compromisos ambientales del país.
Durante los siguientes años, por parte de actores de la sociedad civil y privados se gestarían importantes áreas protegidas privadas en tierras amenazadas, como, por ejemplo, los parques Pumalín y Chacabuco, la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Karukinka en Tierra del Fuego, que suman cerca de un millón de hectáreas de conservación. Gracias a esas iniciativas innovadoras, hoy existen más de 100 iniciativas privadas de conservación en nuestro país.
En ese mismo sentido y como una iniciativa que ha tenido el apoyo transversal de diversos gobiernos, se han generado importantes áreas de protección marina, cubriendo hoy más del 36% de la zona económica exclusiva de Chile. Adicionalmente, se han creado exitosamente áreas de manejo para la protección y uso sustentable de los recursos pesqueros por parte de organizaciones de pescadores artesanales que deben regirse a planes de manejo.
En los últimos años, nuestra matriz energética se ha descarbonizado, dando paso a importantes proyectos de energía eólica y solar que han permitido sustituir centrales alimentadas con combustibles fósiles. Las empresas productivas y el sistema financiero se han adaptado a las exigencias ambientales de los mercados externos y han adoptado criterios de sostenibilidad en el corazón de sus estrategias corporativas.
Lamentablemente, todos estos esfuerzos y avances se están viendo contrarrestados por dos fuerzas silenciosas que han aparecido con fuerza en los últimos años. La primera de ellas es el impacto del cambio climático en nuestra biodiversidad, que ha dañado fuertemente nuestra vegetación nativa, sobre todo en la zona central, produciendo serios daños desde la región de Valparaíso hasta la región del Ñuble.
Según un reciente e influyente estudio publicado en Nature Vegetation (2023), este daño en la vegetación se ha producido a una velocidad e intensidad récord comparada con otros países mediterráneos. Esta situación puede generar desequilibrios desconocidos hasta hoy en los ecosistemas, poniendo en peligro la provisión de servicios ecosistémicos y la capacidad de captura de carbono de los bosques.
La segunda fuerza corresponde a la ausencia de Estado de Derecho en ciertos territorios, permitiendo, por ejemplo, la corta ilegal de leña o extracción de especies amenazadas, como es el caso del alerce o la caza de vicuñas en el norte. Esta falta de Estado de Derecho facilita la formación de mafias que se benefician con la extracción ilegal de maderas, mariscos, especies amenazadas o los cultivos ilegales, generando además el potencial de generar redes de protección en el territorio.
A pesar de los numerosos avances medioambientales que hemos tenido, hoy debemos enfocarnos con decisión y efectividad en reducir las amenazas a nuestra naturaleza, reduciendo los riesgos de incendio, evitando el sobrepastoreo, la degradación de nuestra ruralidad y la contaminación, pero también enfocarnos en restituir el Estado de Derecho y fiscalización en todos los rincones de nuestro país.
