Planteamos un fondo de compensación por riesgo que entrega más recursos a las aseguradoras que afilian una mayor cantidad de personas enfermas, adultos mayores y mujeres.
En general, las personas somos reacias a entregar parte de nuestros recursos, especialmente cuando se desconfía en cómo estos serán gastados o no se observan o reciben beneficios por su uso. Tampoco nos gustan los cambios, sobre todo cuando son muy bruscos. ¿A dónde va todo esto? A que ello se refleja en gran medida en el debate por la reforma a la salud, en el que el Gobierno ha planteado reformular el marco de acción de las isapres. ¿Por qué? La percepción respecto del uso de los recursos en esta área es negativa: hospitales endeudados, listas de espera, isapres que suben los precios, entre otros. Y, además, hay incertidumbre respecto del impacto que una reforma así podría generar.
Si bien esto debe ser considerado al diseñar e implementar transformaciones en el área, no debe impedirlas. El esquema de seguros de salud, que incluye también al Fonasa, presenta dificultades por cautividad y preexistencias, altos precios (primas de los planes y copagos), listas de espera y falta de acceso. En el Centro de Estudios Públicos (CEP) hemos hecho una propuesta de reforma integral a los seguros de salud (y a los prestadores y otras instituciones de salud estatales) que busca hacerse cargo de estos problemas y de los temores previamente mencionados. Planteamos cambiar el marco en que hoy se desenvuelven Fonasa y las isapres, en orden a integrarlos y a mejorar la competencia, otorgando mayor poder a los ciudadanos, para que puedan verdaderamente elegir la entidad y el plan que mejor se ajuste a sus necesidades.
Lo anterior implica modificar la regulación actual —no necesariamente aumentarla, sino que mejorarla— y el esquema de financiamiento. Esto último, mediante un componente (que algunos han llamado solidario) que corrige las distorsiones de los mercados de seguros de salud: un fondo de compensación por riesgo que entrega más recursos a las aseguradoras que afilian una mayor cantidad de personas enfermas, adultos mayores y mujeres (que tienen más probabilidades de gastar en salud). De lo contrario, estos grupos son rechazados por las aseguradoras, lo que va en contra del objetivo mencionado previamente. El financiamiento de este fondo puede realizarse con impuestos generales, mediante las cotizaciones a la salud o ambos. La primera opción es rechazada por quienes consideran que no se deben entregar recursos a entidades privadas, y la segunda, por quienes la consideran una expropiación.
Es probable, por un lado, que en (gran) parte, las diferentes posturas en la reforma de salud respondan a que los análisis son estáticos, es decir, se imaginan en un escenario donde las instituciones y sus comportamientos son los mismos. Sin embargo, las nuevas reglas implican cambios en todos los ámbitos, como ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, al instruir a las aseguradoras (Fonasa e isapres) ofrecer planes similares (como se plantea), estas buscarán los mejores acuerdos con los prestadores de salud (médicos y hospitales), para así atraer a más beneficiarios, mejorando la calidad y bajando costos (solo si no pueden rechazar a ninguna persona —otro cambio propuesto—; de lo contrario, seguirán seleccionando a sus usuarios).
Una manera es cambiar el método de pago a los doctores y centros de salud, avanzando desde la entrega de un monto fijo por cada atención —lo que fomenta las visitas a los prestadores— a uno que los remunera cuando se soluciona un problema de salud —lo que promueve una rápida y efectiva atención de la población para así recibir el pago.
Por otra parte, la propuesta del CEP plantea una modernización de las instituciones estatales, particularmente Fonasa y los prestadores de salud (consultorios, hospitales), para que puedan participar y beneficiarse del nuevo esquema en igualdad de condiciones que los demás actores del sector. Por ejemplo, otorgándoles atribuciones para determinar métodos de pago, decidir sobre los convenios (entre asegurador y prestador), entre otros. Finalmente, se incluye una transición para aplicar estos cambios, advirtiendo que ello debe hacerse en etapas, para así evaluar los avances y hacer los ajustes necesarios.
Considerando lo anterior, los temores respecto del uso de los recursos por parte de las nuevas isapres y el nuevo Fonasa, así como del impacto de un cambio muy abrupto, debieran menguarse; sobre todo, porque los beneficios serán perceptibles por los usuarios. Los cambios en salud son necesarios y no deben seguir postergándose. Estamos lejos de alcanzar el objetivo de que todas las personas accedan a servicios de salud oportunos y de calidad, sin que ello les haga pasar penurias financieras. En efecto, en Chile, el acceso a salud de calidad se percibe más desigual que a la educación o a la vivienda. Los ciudadanos llevan décadas mencionando a la salud dentro de las tres prioridades que debiera tener el gobierno, y sobra decir que un buen estado de salud es fundamental para el desarrollo del país, más aún cuando la esperanza de vida aumenta.
