En cuanto a las demandas y necesidades de las regiones, lo cierto es que el proyecto de régimen político que se está discutiendo está muy lejos de satisfacerlas.
Una de las principales demandas de la ciudadanía, incluso con anterioridad al estallido social, dice relación con la distribución más equitativa del poder. Desde hace años que distintas voces han promovido una suerte de remasterización de nuestra democracia representativa, uno de cuyos principales inconvenientes ha sido la concentración de la toma de decisiones en pocas manos. De ahí la urgencia de contar con más y mejores niveles de participación institucional, en especial en una sociedad compleja como la chilena, donde las instancias de resolución de conflictos se han quedado tradicionalmente cortas. Esto es importante sobre todo para las regiones y su vinculación con el Estado central.
A partir de este ejercicio de desconcentración de las atribuciones políticas, económicas y territoriales, cabe preguntarse si las normas ya aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional están realmente en línea con las urgencias y necesidades regionales: ¿resolverán la plurinacionalidad y la Cámara de las Regiones los problemas que día a día experimentan las zonas que viven retiradas de la capital? ¿Será esta supuesta “regionalización” capaz de lograr una mejor distribución del poder? Me temo que no, y ello por razones tanto conceptuales como materiales.
Respecto a la plurinacionalidad, no es para nada claro todavía qué se entiende por dicho concepto ni si el Estado nacional dejará de existir por el mero hecho de que el texto constitucional así lo establezca. ¿No es acaso la nacionalidad algo más que una mera declaración simbólica y formal? Sería bueno que la izquierda decolonial -que es la que al final de cuentas está empujando el punto- nos explicara de una buena vez si eso que llaman “naciones preexistentes” viven en un mundo aparte del resto de los chilenos, es decir, ajenos a la realidad palpable, material y concreta que conlleva haber nacido y crecido en una cultura delimitada por vidas cruzadas. En caso de que la respuesta sea positiva, sería esperable que transparentaran que su objetivo es remediar sus dolores pasados mediante la introducción de una serie de privilegios concebidos ad hoc, rompiendo con ello el principio de igualdad ante la ley.
En cuanto a las demandas y necesidades de las regiones, lo cierto es que el proyecto de régimen político que se está discutiendo está muy lejos de satisfacerlas. De hecho, es muy probable que las regiones queden en una posición aun más debilitada, ya que, producto de prejuicios sin una sólida base empírica, los convencionales buscan derogar una institución -el Senado- que históricamente ha servido para contrabalancear la autoridad del Ejecutivo y dar mayor representatividad a los territorios. La Cámara de las Regiones que se propone es, como bien ha dicho Arturo Fontaine, un “tigre de papel”, esto es, una institución que no tiene las prerrogativas legislativas para oponerse a las decisiones que tomarán los diputados desde la comodidad de sus distritos. Es más, para muchos especialistas esta solución supuestamente bicameral no sería sino un unicameralismo encubierto.
Así las cosas, las izquierdas en la Convención están haciendo exactamente lo contrario de lo que exige el sentido común. El origen del proceso constituyente tuvo como uno de sus objetivos centrales que las regiones recibieran las herramientas suficientes para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Lamentablemente, los nuevos grupos que están emergiendo en la Convención parecen más interesados en que sus voces privilegiadas se hagan oír que en repartir mejor y más equitativamente el poder.
