Esta columna fue escrita con Harald Beyer, Nicolás Figueroa, Francisco Gallego, Andrés Hernando y Fernando Ochoa.
El sistema de admisión propuesto por el Ministerio de Educación en el proyecto de ley que termina con el copago, la selección y el lucro no es eficiente ni justo, pues no permite alcanzar la mejor asignación posible de alumnos a colegios considerando las preferencias de los padres. El principal problema de la actual propuesta radica en la descentralización de las tómbolas a nivel de escuela, pues en un sistema de esta naturaleza resulta imposible coordinar las preferencias de las familias para optimizar la asignación de alumnos a colegios en función de sus preferencias.
Consideremos el siguiente ejercicio para ejemplificar lo anterior. Existen tres colegios (A, B y C) y tres postulantes (X, Y, Z). Cada colegio tiene una vacante. Los estudiantes tienen distinta preferencia por cada uno de los colegios. Así, por ejemplo, el postulante X prefiere al establecimiento A en primer lugar, al B en segundo lugar y al C en tercer lugar. Si cada uno de los postulantes queda en el colegio de su preferencia, su bienestar es mayor que si quedan en una opción menos preferida. Las preferencias de los estudiantes por cada colegio se expresan en la siguiente tabla.
A partir de esta tabla se puede observar que no hay conflicto entre las preferencias de los postulantes y el mejor escenario es que el estudiante X se matricule en el colegio A, el Y en el B y el Z en el C. Sin embargo, esto no sucede con la propuesta del MINEDUC. Como en la propuesta gubernamental cada colegio selecciona (en principio aleatoriamente) en forma independiente de los otros, es posible que ningún estudiante sea asignado al colegio de su preferencia. Por ejemplo, el postulante X podría quedar seleccionado en el C, el Y en el A y el Z en el B, que son los colegios menos preferidos en los tres casos. De hecho, el ordenamiento óptimo sólo podría alcanzarse por azar en la propuesta gubernamental, pero con baja probabilidad, pues en este caso existe sólo 37 por ciento de probabilidades de que todos los postulantes queden en el colegio de su primera preferencia. Un sistema alternativo, sin embargo, que maximiza las preferencias permitiría una coordinación automática quedando cada estudiante en el colegio de su preferencia.
Sistemas similares al propuesto por el Gobierno han fracasado en otras partes del mundo, pues no satisfacen las preferencias de las familias y, peor aún, incentivan comportamientos estratégicos en la postulación, esto quiere decir que las familias calculan las probabilidades de quedar en un colegio y postulan a los colegios en función de estas y no en función de sus verdaderas preferencias. Sistemas que incentivan comportamientos estratégicos perjudican a los estudiantes de familias más vulnerables, que por lo general cuentan con menos información y menos recursos para estimar estas probabilidades o pagar asesorías a alguien que las haga por ellas (aunque lo anterior suene exagerado, no se debe olvidar el caso de Boston en Estados Unidos, donde un sistema similar al propuesto por el Gobierno generó un mercado de asesorías para postular a colegios).
Además, el sistema de admisión descentralizado en manos de los colegios abre una ventana para una eventual manipulación por parte de los colegios que sería, en la práctica, imposible de fiscalizar, generando sospechas respecto del procedimiento y deslegitimando al sistema en su conjunto. Incluso si las sospechas resultan infundadas, el sistema estaría deslegitimado desde su origen.
Las ventajas de un sistema alternativo al considerado en el proyecto de ley que coordine las preferencias son múltiples: 1) Entrega un resultado “estable”. Es decir, no sucede que dos o más estudiantes podrían ponerse de acuerdo, reasignar los colegios en que fueron aceptados, y estar mejor. 2) El resultado maximiza el bienestar de las familias. El sistema optimiza las preferencias de los postulantes, y de todas las asignaciones “estables” entrega la mejor (en un sentido Paretiano) para los estudiantes. 3) Incentiva a que los postulantes revelen sus verdaderas preferencias, porque los comportamientos estratégicos (que exhiben preferencias que no son las verdaderas) no generan ningún beneficio. 4) Es transparente y confiable. El algoritmo que asigna a los estudiantes es público y puede no sólo ser auditado por terceros, sino que incluso cualquier persona puede reproducirlo en minutos en un computador cualquiera, si la base de datos es pública. 5) Es flexible, lo que permite coordinar la asignación de todos los postulantes, independientemente de si los establecimientos tienen criterios de selección (como los artísticos, académicos en el caso de liceos emblemáticos o preferencia para estudiantes que tienen hermanos en el establecimiento) o no
«Este sistema no es nuevo, en Chile se ha usado desde hace casi 50 años en el sistema único de admisión a universidades y en el mundo sus virtudes han sido probadas repetidamente.
Adicionalmente, el sistema que proponemos es fácilmente compatible, a diferencia de la propuesta que está en el proyecto de ley, con la provisión de mucha información que ayuda a la toma de decisiones, especialmente a las familias más vulnerables, y permite un real ejercicio de la libertad de elección. Así, se disminuirían las asimetrías de información entre familias, que son uno de los principales factores de inequidad. El actual proyecto de ley sólo exige informar a los padres y apoderados del proyecto educativo y del reglamento interno del colegio, pero no contempla la entrega de información adicional fundamental para una correcta toma de decisión como, por ejemplo, vacantes y probabilidad de admisión (basada en información histórica de postulaciones), si el colegio cobra financiamiento compartido (FICOM), si tiene convenio SEP (Subvención Escolar Preferencial) vigente, si existen cupos disponibles del 15 por ciento de alumnos prioritarios obligatorios, número de becas que entrega el colegio que cobra FICOM, etc. Más aún, falla en un elemento crucial, que es informar a las familias de todos los colegios disponibles. Este margen es probablemente muy relevante para las familias más vulnerables y puede permitir un modo muy eficiente de reducir la segregación existente en el sistema educativo actual.
En suma, frente a las falencias del sistema de admisión que se discute en el Senado, es razonable promover un sistema alternativo de admisión más efectivo. En particular, los sistemas de admisión centralizados, que usan el algoritmo de aceptación diferida, coordinan el proceso de postulaciones, respetando las preferencias de las familias, asegurando que la mayor cantidad posible de estudiantes quede en los establecimientos escolares que más prefieren.
Para darle confiabilidad y legitimidad a este proceso, aspecto que es fundamental hoy, proponemos que su administración esté a cargo de una institución autónoma que dé garantías a todos los sectores, gobernada por un consejo en el cual se encuentren representados todos los actores relevantes (padres y apoderados, distintos tipos de sostenedores, Ministerio de Educación, etc.); y que, además, se aplique gradualmente partiendo por una región del país de manera similar a cómo se hizo con la reforma procesal penal.
