«No hay argumentos racionales (…) para justificar avanzar hoy en gratuidad en la educación».
La gratuidad en la educación superior cuesta cara y la pagan los más pobres. «No», me dirán, «la pagan los más ricos, para eso se hizo la reforma tributaria». Es verdad, la gratuidad universitaria se financiará con los recursos del Estado, donde los que tienen más aportan más, pero pagarán los más pobres, pues son recursos que se dejan de invertir en quienes más los necesitan.
Se podría argumentar que la gratuidad universal que implica cerca de $4 mil millones de dólares es injusta, pero no así aumentar la gratuidad del 50% al 60% más vulnerable. Una familia del sexto decil con dos hijos tiene un ingreso promedio cercano a los $800 mil mensuales, ¿cómo podría financiar una carrera universitaria, si estas cuestan entre $250 mil y $600 mil mensuales? Sin duda que las familias del sexto decil tienen dificultades para pagar los estudios superiores de sus hijos, como también lo tienen las familias del séptimo, octavo, noveno e incluso décimo decil, pues las carreras en Chile son largas y caras en comparación con el resto de los países. Pero, dado que los recursos son escasos, la pregunta relevante es, si no hay otras necesidades más urgentes, como por ejemplo la lista de espera en salud que afecta a dos millones de personas, sacar de la pobreza a los millones de chilenos que aún viven en condiciones miserables, aumentar los subsidios de vivienda para que en los próximos ochos años erradiquemos los campamentos, aumentar los recursos para el Sename o fortalecer las pensiones de los adultos mayores que viven con menos de $150 mil mensuales. Para que se hagan una idea, con los recursos para financiar la gratuidad del sexto decil se podría entregar un subsidio de casi $95 mil mensuales a las madres del 40% más pobre con niños menores de dos años o aumentar la pensión en $50 mil mensuales a casi 400 mil adultos mayores.
Se podrían rebatir estos argumentos afirmando que la educación es un derecho social y como tal la debe costear el Estado. ¿Pero acaso no es también un derecho social condiciones materiales mínimas para una vida digna? Hay más de 500 mil familias que viven con menos de $150 mil mensuales, ¿no será más justo ayudar a estas familias antes que a aquellas que ganan sobre los $800 mil? Más aún, cuando existen alternativas de financiamiento para la educación superior que permiten que todos los estudiantes con mérito puedan estudiar sin importar su origen socioeconómico.
La verdad no se puede negar. No hay argumentos racionales ni éticos para justificar avanzar hoy en gratuidad en la educación superior. ¿Cómo es posible entonces que la Cámara aprobara el proyecto de ley? La gratuidad compra votos y eso es clave en un año de elecciones.
