La muerte de Lissette Villa, la niña que fue asfixiada en un centro del Sename por sus propias cuidadoras, no dejó indiferente a nadie.
Este hecho sacó a la luz el horror que viven nuestros niños más necesitados y cómo el Estado los ha abandonado. En este contexto se inscribe la convocatoria del Presidente Piñera a distintos actores políticos y de la sociedad civil para colaborar en un grupo de trabajo por la infancia. La señal política no permite dos lecturas: la situación de nuestros niños más necesitados requiere una solución urgente y es tarea de todos. Ante tan noble desafío, resulta incomprensible la decisión de algunos partidos y políticos de restarse, pues más allá de las formas lo que está en juego es demasiado valioso como para consideraciones mezquinas.
El grupo de trabajo por la infancia tiene dos tareas urgentes: proponer medidas para proteger de forma efectiva a los niños y jóvenes vulnerados en sus derechos, y mejorar las condiciones de los adolescentes infractores de la ley. Atender lo urgente es necesario, pero no suficiente. Resulta indispensable que esta comisión aborde también las causas. Sin duda esto implica un desafío mucho mayor, pero solo así se podrá proteger adecuadamente la infancia de nuestras futuras generaciones.
Los avances de la ciencia han revelado lo crítico que son los primeros 1.000 días de un niño desde su gestación. Durante este periodo se desarrollan las estructuras del cerebro, la corteza cerebral y las principales funciones del sistema nervioso. El exceso de cortisol producto del estrés tóxico altera las estructuras cerebrales, repercutiendo en el aprendizaje, comportamiento, y en la salud física y mental. Una de las principales causas del estrés tóxico es la pobreza.
La población más afectada por la pobreza en Chile son los niños. Mientras 11,7% de la población vive en condición de pobreza (Casen 2015), 18% de los niños se encuentra en esta condición; 50% más que el promedio nacional y el doble que los adultos mayores que alcanzan un 9%. Un tercio de los niños nacen en hogares que pertenecen al 20% más pobre del país y tienen un ingreso autónomo per cápita promedio de $55.000 mensuales, cinco veces menos que el promedio per cápita nacional.
Si observamos cómo el Estado focaliza sus recursos, nos damos cuenta que las transferencias monetarias per cápita del Estado para las familias del primer quintil de ingreso sin hijos triplican las transferencias que reciben las familias con hijos de este quintil. A su vez, el subsidio fiscal para el postnatal tiene un tope de 73,2 UF, casi dos millones de pesos brutos, y un mínimo de $89.000 mensual.
Sin embargo, las mujeres embarazadas o con hijos menores de seis meses del primer quintil de ingreso, que en su mayoría no trabaja, solo reciben $11.000 mensuales. Esto muestra un desbalance de la política social, que deja a más niños en la pobreza de lo que lograría una política social más equilibrada.