La democracia es tolerancia y su ejercicio implica respetar a quienes piensan radicalmente distinto a nosotros. La acusación constitucional es una herramienta de última ratio. Su uso político la desvirtúa y hiere algo sagrado: nuestra democracia.
¿A quién le importan los niños? Al parecer a nadie. Hace un mes, aproximadamente, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó dos artículos claves del proyecto de ley que materializa el derecho universal a la educación parvularia a partir de los dos años de edad. Los artículos que se rechazaron son los que establecen la subvención para este nivel educativo, de manera que sin estos artículos el proyecto es inaplicable.
Resulta deprimente que nuestros políticos ni siquiera se puedan poner de acuerdo en una materia donde existe amplio consenso. La estimulación temprana es fundamental para un desarrollo integral y existe evidencia contundente respecto de los beneficios de asistir a la educación parvularia a partir de los dos años de edad, especialmente en los niños más vulnerables. También sabemos que la calidad de la educación es un factor clave, sobre todo con niños más pequeños, y está correlacionada con el dinero que se invierte. Este proyecto de ley avanza en ambas dimensiones. Por una parte, extiende la subvención a los niños de dos y tres años, asegurando así acceso universal a la educación parvularia a todos los niños que viven en el país. Es importante no olvidar que el porcentaje de niños que asiste a este nivel educativo es menor que el porcentaje de jóvenes que está matriculado en la educación superior. Por otra parte, el monto de la subvención prácticamente duplica los actuales aportes del Estado a los jardines infantiles municipales y privados sin fines de lucro que tienen convenio con la Junji, reduciendo de forma radical las discriminaciones indignantes que hace el Estado con niños de igual nivel socioeconómico.
¿Cuáles fueron las razones para rechazar este proyecto? La principal razón esgrimida tiene que ver con el sistema de financiamiento: la subvención. Según los diputados de oposición, la subvención incentivaría el lucro y la privatización de la educación parvularia.
Resulta curioso rechazar este proyecto objetando el mecanismo de pago, pues en la actualidad los jardines infantiles municipales y privados en convenio con la Junji también se financian con una subvención. Pero este proyecto implicaría mejorar enormemente el servicio que entregan tanto jardines municipales como privados sin fines de lucro. Además, las escuelas municipales se verían tremendamente favorecidas, pues podrían ofrecer el nivel de “play group” para niños de tres años que hoy es ofrecido por algunos colegios particulares subvencionados.
Sin duda es legítimo tener diferencias respecto del sistema de financiamiento de la educación en Chile, pero lo que no parece tener sentido es prohibir avanzar en cobertura y calidad, mientras no se cambie el sistema de financiamiento.
¿Es legítimo dejar a 250.000 niños sin oportunidades educativas que son fundamentales para su desarrollo, porque no nos gusta el sistema de subvención? ¿Votarían igual estos diputados si el acceso a la educación parvularia de sus hijos o nietos dependiera de este proyecto? Lo dudo, pues nunca son ellos los que deben pagar el costo de las ideologías.
