De un juez se espera imparcialidad y apego a la ley al dictar sus sentencias. El rol de un juez no es hacer justicia, sino aplicar la ley fidedignamente, aun cuando no sea “justa”.
El Estado de derecho es un modelo de orden bajo el cual todos los miembros de una sociedad, incluidos los gobernantes, están sometidos al marco jurídico que han convenido democráticamente. En las democracias representativas el pueblo delega su poder al presidente, a los parlamentarios y a los jueces. Los parlamentarios tienen como una de sus tareas fundamentales legislar y los jueces deben velar por el cumplimiento de las leyes. No es trivial que los primeros tengan responsabilidad política, mientras que los segundos no.
De un juez se espera imparcialidad y apego a la ley al dictar sus sentencias. El rol de un juez no es hacer justicia, sino aplicar la ley fidedignamente, aun cuando no sea “justa”. Por cierto, ante vacíos en la ley y la necesidad inexcusable de pronunciarse sobre el conflicto, los jueces deben recurrir en estos casos a los principios jurídicos, que son también una fuente del derecho. En términos ideales uno espera que los mismos hechos sean tratados con criterios judiciales idénticos, pues la coherencia y consistencia entrega certeza jurídica y garantiza la igualdad ante la ley, que es tal vez el principio más básico de toda democracia. Por el contrario, cuando dos personas ante los mismos hechos son juzgados con criterios judiciales distintos, aparece la arbitrariedad. Una jurisdicción vacilante y sin precedentes constantes no solo degrada las reglas, sino que también socava los principios básicos de la democracia. Esta arbitrariedad puede deberse a la falta de rigor en el ejercicio de los jueces o al activismo político.
El estudio de Alejandro Vergara “El Derecho Administrativo sobre la Jurisprudencia de la Corte Suprema: Líneas y Vacilaciones”, da cuenta de un alto grado de vacilación de la jurisprudencia de la Corte Suprema y una conducta errática de algunos de sus ministros a partir de un análisis de 900 sentencias dictadas por la Corte vinculadas al derecho administrativo entre 2008 y 2018. Las vacilaciones no son meras variaciones, sino cambios bruscos y zigzagueantes que se suceden de modo errático dando lugar a una anarquía jurisprudencial. Según el autor, cambiar esta situación depende de varios factores, pero “quizás el factor más antidemocrático e irracional es el usual cambio de criterio de algunos ministros y abogados integrantes, quienes lo hacen una y otra vez, en vaivén inexplicable. Esta conducta corrosiva merecería una evaluación al interior del Poder Judicial, pues parecería que su persistencia podría llegar a constituir un notable abandono de su deber de construir una jurisprudencia coherente con el Estado de derecho”.
Por otra parte, Carlos Peña en su columna Los peligros del activismo judicial, advierte en la práctica jurisprudencial de la Corte Suprema activismo político, es decir, sentencias que no se ajustan a la legislación vigente, sino que responden a convicciones personales de los jueces. Según Peña, “algunas decisiones de la Corte Suprema parecen animadas por el propósito de corregir el alcance del derecho vigente”. Cuando el juez politiza la justicia, deja de ser juez para convertirse en justiciero. Con ello, este se pone en un lugar más allá del bien y el mal, por sobre la democracia, respaldado únicamente por su aparente superioridad moral.
¿Paladines de la justicia? No deja de ser paradojal, pues hasta hace no mucho fueron cómplices de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. En la declaración de la Corte Suprema del 9 de diciembre de 2004 frente al Informe Valech, esta reconoce de forma tibia que pudo haber sido más eficaz en la protección de los derechos individuales, pero, para indignación de todos, bajan el perfil a su abandono de deberes al considerar que los resultados en el caso contrario probablemente hubieran sido los mismos; ¡como si velar por el Estado de derecho fuera meramente un asunto práctico y no de principios!
Los jueces son, por definición, el opuesto a los héroes de la moral, pues se deben a la ley. La violación de esta no los hace mejores personas, sino superiores al resto, violando así el principio de igualdad, que es el fundamento de toda democracia.
