Se propuso que el Estado chileno tome una responsabilidad inédita: financiar un consumo básico a todos los chilenos del orden de $250 mil al mes por familia, aparte de los subsidios de salud y educación. En el pasado, este tipo de propuesta tuvo un carácter utópico, debido a su fuerte costo fiscal. La situación ha cambiado: debido al auge del cobre, el Estado parece en posición de financiar un consumo básico. Sin embargo, esta propuesta compite con otros proyectos, como dar educación de calidad y combatir la delincuencia, que son aún más beneficiosos para los pobres en el mediano plazo. Por ello debe ser evaluada con severidad.
Existe una restricción social y ética sobre las garantías de consumo básico: evitar que la tasa de empleo del conjunto de las familias beneficiadas caiga por debajo del nivel requerido por la dignidad y el sentido de pertenencia a la sociedad. La tasa de empleo es la proporción de los mayores de 15 años que tiene un empleo. Una caída en la tasa de empleo entre las familias del quintil más pobre, que hoy es apenas 34%, provocaría un desastre social. En efecto, el término del empleo formal como actividad principal de los adultos implicaría promover el empleo informal, donde no hay aprendizaje ni promoción social, y un ocio alienante y depresivo. Entre los jóvenes implicaría promover la droga, la delincuencia y el desinterés en capacitarse. Lograr una tasa de empleo decente es una restricción ética objetiva a las garantías de consumo.
En la unificación de Alemania Oriental se violó esta restricción y la tasa de empleo cayó 16 puntos porcentuales entre 1990 y 1996. Varias propuestas recientes en Chile también la violan. Aumentar el salario mínimo desde su nivel actual de 60% del salariomediano, que es uno de los mayores del mundo, a 100% del salario mediano, provocaría una drástica caída de la tasa de empleo. El motivo es que los salarios bajos son en su mayor parte resultado de la baja productividad de los trabajadores pobres. De subir tanto el salario mínimo, la tasa de empleo se desplomaría en los grupos pobres.
Un “impuesto negativo al ingreso” pagaría $ 100 mil a quien no trabaja. Además reduciría el subsidio en proporción a lo ganado, así que castigaría a quien trabaje. Este esquema es lo que provocó el desastre del empleo en Alemania Oriental.
Distinto sería ampliar la red social. Desde 1975 se apoya a todos los inválidos, y en 2009 ese apoyo subirá a $ 75 mil al mes. Entre los adultos sanos sin ingreso, hay muchas mujeres que trabajan en el hogar, pero también hay ociosos. La red social actual está bien diseñada porque discrimina entre ellos: quien no trabaja sólo obtiene subsidios de agua potable y bonos de Chile Solidario. En cambio, quien trabaja en su hogar recibe eso y además asignación familiar o SUF, en proporción al número de personas que cuida. Para reconocer mejor este trabajo y contribuir más a un consumo básico, se debería elevar la asignación familiar.
En Europa, el economista Hans-Werner Sinn ha promovido otra opción desde 2002: subsidiar un porcentaje del ingreso laboral formal en forma permanente. Esto ayudaría a cumplir la meta de consumo básico, porque el producto del trabajo propio se sumaría al financiamiento de dicho consumo, junto con el subsidio. Sinn ha advertido que este subsidio sólo puede funcionar si el salario mínimo legal es redefinido para aplicarse a la suma del salario y el subsidio. Sin embargo, este subsidio también tiene consecuencias indeseables, que merecen un debate.
