por David Muñoz
El financiamiento permanente no electoral de los partidos políticos. Es el título y probablemente la principal conclusión a la que arribaron los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) Isabel Aninat y Ricardo González en un reciente estudio del que se toma el subdirector del centro de pensamiento, Lucas Sierra, para plantear la necesidad de orientar la discusión sobre el financiamiento de la política hacia un camino intermedio entre lo privado y lo público.
Defensor de los aportes reservados a las campañas, dice que, más allá de prohibir los aportes de personas jurídicas -como se ha planteado en el debate público- se debe incentivar el aporte de personas naturales, personas jurídicas sin fines de lucro y sindicatos, entre otros.
-Se ha instalado la idea de que hay que terminar con los aportes reservados a las campañas políticas. ¿Usted es partidario de mantener ese sistema?
-Sí. La ley que se dictó en 2003 para regular el financiamiento de las campañas electorales significó un avance enorme para la democracia. Sirvió para formalizar una actividad que hasta antes de ella se realizaba en la más completa informalidad y penumbra. Es positivo que la política se financie de una manera mixta: con platas fiscales, y con platas privadas, para que exista un balance razonable. Eliminar o entorpecer el aporte privado implicará reducir la competencia política: hará aún más difícil desafiar a los candidatos que buscan su reelección. El mecanismo de los aportes reservados es interesante: usa la misma lógica del secreto del voto. A la hora de manifestar una preferencia política, sea votando o aportando plata, el secreto es liberador. Y, si funciona bien, impedirá al candidato tener certeza del hecho del aporte. Esta incertidumbre dificulta que se produzca lo que se quiere evitar: la corrupción y la extorsión.
-¿Cómo se puede asegurar que los candidatos realmente no sepan quién realizó un aporte a su campaña?
-Lo importante es que no tengan certeza sobre ese hecho. El único que la puede tener es el aportante. Ni el público ni el candidato podrán tenerla. Esta incertidumbre impide o dificulta la producción de intercambios indebidos. Mientras más aportes reciba un candidato, mayor incertidumbre. La experiencia en Chile muestra que el mecanismo opera razonablemente bien para las elecciones de presidente y de senadores. Y para las de diputados en el caso de los que logran varios aportes. Pero no respecto de los otros que reciben muy pocos, lo que facilita su “trazabilidad”. Para que esto no ocurra, Salvador Valdés ha propuesto, por ejemplo, que cuando hay muy pocos aportes, éstos se hagan públicos o bien que exista un fondo con alguna plata fiscal que se distribuya aleatoriamente a esos candidatos con pocos aportes a fin de que opere la reserva. Y hemos venido proponiendo desde hace mucho tiempo que la ley fomente los aportes de las personas naturales, y que permita los de personas jurídicas sin fines de lucro y de sindicatos. Todo bajo el principio de que muchos aportes chicos son mejores que pocos grandes, y que el mecanismo de la reserva opera mejor mientras más aportes se hagan.
-¿Por qué el financiamiento público de las campañas no es la solución?
-Es parte de la solución y tenemos financiamiento público desde 2003. Gran avance para aumentar la competencia política. Pero solo es insuficiente y no permite aumentar la competencia. La experiencia demuestra que un parlamentario que va a la reelección tiene una ventaja enorme en términos de conocimiento, ventaja que ya ha logrado con platas fiscales. Esta ventaja se puede reducir o desafiar con platas privadas. Si las platas son sólo fiscales, y las asignan quienes buscan su reelección, la competencia política se resiente. Por eso, financiamiento mixto de la política y no sólo fiscal.
-También se ha apuntado a que deben ser los particulares los que han de aportar a las campañas y no las empresas. ¿Cambiaría usted esa dinámica?
-No. Lo que haría, como lo propuso el CEP desde el principio, es que el Estado debe fomentar el aporte de las personas naturales. Por muchas razones: para enraizar socialmente el juego democrático, para dispersar la posibilidad de influencia, para que funcione mejor el mecanismo de los aportes reservados, etc. Se dice que las empresas no votan y que, por esto, no deberían aportar. No me parece un buen argumento. Las empresas no van a la ópera y aportan al Municipal. Aportan a un conjunto de actividades que ellas, en cuanto tales, son incapaces de realizar o percibir. Lo importante es diseñar un buen sistema para que su aporte a la política no sea un instrumento de corrupción o el resultado de una extorsión. Si opera bien, el mecanismo de la reserva es el mejor cedazo para separar este tipo de situaciones indeseables, de otras perfectamente aceptables, como la simpatía política o ideológica.
