En su edición del martes 18, El Mercurio publicó en su titular principal la propuesta del Gobierno sobre financiamiento a la política, que presentará como proyecto de ley al Congreso. En sus aspectos esenciales plantea el fin de los aportes de personas jurídicas con y sin fines de lucro a las campañas, el fin de las donaciones reservadas y anónimas, fija montos máximos de dinero a aportar por particulares, establece el financiamiento público de los partidos políticos e impone segmentos gratuitos de propaganda electoral a radios y prensa escrita.
Pese a advertir que aún no se conoce el texto definitivo que ingresará al parlamento, el abogado Lucas Sierra, subdirector del CEP y especialista en financiamiento de la política, aceptó responder un cuestionario para entregar su visión sobre el tema.
– La prensa ha dado cuenta del proyecto del Gobierno sobre financiamiento a la política. En declaraciones consignadas por El Mercurio, la ministra Ximena Rincón sostiene que “el Gobierno busca un sistema en el que las personas naturales, y no las jurídicas, sean las facultadas a hacer donaciones a las campañas”. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?
– Un buen sistema de financiamiento de la política debe perseguir dos objetivos: por una parte, evitar la corrupción (te doy para que después me beneficies) y la extorsión (dame si no después te perjudico) y, por la otra parte, aumentar la competencia electoral, entendida, básicamente, como la posibilidad de los desafiantes (los nuevos) de ganarles a los incumbentes (los que van a la reelección). Un sistema así es uno mixto, en el que hay aportes fiscales (para asegurar un cierto piso de igualdad) y aportes privados (para generar la diferencia). Los aportes privados deben ser de personas naturales y de personas jurídicas, con y sin fines de lucro. La incorporación de las personas jurídicas permite que fluya más plata a la carrera electoral, lo que permite aumentar la competencia. El principal argumento para prohibirles que donen es que “no votan”. Las personas jurídicas pueden aportar a fines valiosos para la sociedad, aunque ellas, como tales, no participen de ellos directamente. Una cosa es oír un concierto de cello, otra es donar dinero a una orquesta juvenil. Lo mismo con la política: una cosa es votar, otra es aportar dinero para la competencia electoral. Lo importante es que dicho aporte sea para esto, y no para corromper o extorsionar. Esto se logra evitar diseñando mecanismos institucionales adecuados, los mismos que ayudan a que las donaciones de las personas naturales no sean para corromper o extorsionar. Hoy en Chile el mecanismo de aportes a la política privilegia a las empresas. Esto debe corregirse, pero no por la vía de prohibir su aporte, sino que incentivando, además de éste, el aporte de las personas naturales y de las jurídicas sin fines de lucro, como, por ejemplo, los sindicatos. En la mayoría de las democracias del mundo se permite el aporte de empresas a las campañas electorales. En EEUU se prohíben, pero se hacen por una vía alternativa que se llaman PACs o Super PACs. La experiencia es aleccionadora por lo desastrosa: se ha incentivado una política exageradamente confrontacional y, lo que es peor, de “intereses específicos” (pro-life/pro-choice, etc).
– El proyecto prohíbe incluso a las personas jurídicas sin fines de lucro hacer aportes a campañas. Por tanto, ni las empresas ni las ONG podrán donar.
– Como se dijo recién, mientras más tipos de aportantes a las campañas existan, además del financiamiento fiscal, mejor. Esto no sólo porque se asegura que exista dinero por sobre el financiamiento fiscal para la competencia, sino porque, también, funciona mejor el mecanismo de la reserva para los aportes.
– La iniciativa legal también elimina los aportes reservados y anónimos. Las donaciones realizadas por las personas podrán ser consultadas por la ciudadanía. ¿Le parece una medida correcta?
– La eliminación de los aportes anónimos no me parece tan perjudicial, pero la de los reservados sí. Lo que hay que hacer es tratar de perfeccionar el mecanismo de la reserva que existe en Chile, no eliminarlo.
– ¿Por qué?
– Porque donar a una campaña es, en algún sentido, revelar una preferencia política. En general, a las personas no nos gusta, en principio, al menos, que nuestras preferencias políticas sean reveladas. Si lo son, lo más probable es que nos inhibamos. Si el voto fuera público, nos inhibiríamos de votar. Si los aportes son públicos, lo más probable es que estos disminuyan o sean hechos por montos menores, lo que disminuiría la competencia electoral. Además, si son públicos (como en el caso de los anónimos) se produce certeza entre el donante y el candidato del hecho del aporte. Sobre esta certeza se produce, a su vez, el tipo de intercambio corrupto o extorsivo que se quiere evitar. Los aportes reservados, si funcionan bien, impiden dicha certeza, lo que reduce mucho la posibilidad de corrupción y extorsión, de la misma manera en que el voto secreto redujo mucho el cohecho. ¿Cómo se mejoran los aportes reservados? Incentivando (vía “matching funds”, por ejemplo) a las personas naturales para que aporten reservadamente, lo mismo que a las personas jurídicas sin fines de lucro. Hay aquí un principio general: muchos aportes chicos son mejores que pocos grandes. Esto se aplica a los aportes políticos, en general, y a los aportes reservados, en particular. Mientras más aportes reservados confluyan hacia un candidato, menos certeza tendrá éste de cada uno. Proporcionalmente, menor posibilidad habrá de intercambios ilegítimos. Hay, también, otras formas complementarias de mejorar la reserva: aumentando las facultades fiscalizadoras del SERVEL, con un sistema integrado y en línea de rendición de cuentas por parte de las candidaturas durante la campaña, involucrando más a los partidos en los aportes reservados que reciban sus militantes, y, como ha propuesto Salvador Valdés, informando al público de las cantidades agregadas distribuidas a los candidatos semanalmente.
– La introducción del mensaje del Ejecutivo que contiene el proyecto de ley plantea que su objetivo es “el fortalecimiento y la transparencia de la democracia”. ¿Se cumple ese fin?
– La transparencia no es un fin en sí mismo. En materias políticas, incluso, la transparencia total puede ser perjudicial (el voto es secreto y en materia de aportes puede, también, acarrear consecuencias negativas, como, por ejemplo, reducir el financiamiento para las campañas). La democracia se fortalece con mayor competencia política, y con menor corrupción y extorsión. La prohibición de los aportes por personas jurídicas y la eliminación del mecanismo de la reserva, no contribuyen a ese objetivo compuesto. Esto es especialmente importante hoy en Chile, cuando es probable que el sistema electoral sea reemplazado por otro más proporcional, pero que agranda enormemente los distritos. Esto último encarecerá las campañas. Si no se incentiva el financiamiento privado, además del fiscal, el resultado será una disminución de la competencia electoral (quienes van a la reelección correrán con mayor ventaja aún), una plutocratización de la política (el escenario será aún más favorable para los candidatos ricos) y una farandulización de la misma (si no eres rico, te conviene ser conocido masivamente). En este escenario, el papel de los partidos decae y, a la inversa, aumenta el peligro del populismo.
– En la misma línea, el proyecto rebaja el límite de dinero que un particular puede donar a un candidato o un partido con fines electorales…
– Proporcionalmente, el gasto electoral en Chile es bastante promedio. Para las elecciones de Presidente, Senadores y Diputados, los límites existentes no parecen excesivos. Más discutibles son los aplicables a algunas alcaldías y, en general, para las campañas de concejales. Pero, en general, no son descabellados. Menos ahora, que, todo indicia, las campañas se van a encarecer por la reforma del sistema electoral.
– Respecto de las colectividades políticas, la ministra Rincón explicó que “creemos necesario que los partidos reciban financiamiento público y emparejar una cancha que hoy es extraordinariamente desigual y que privilegia desmedidamente a unos pocos”. ¿Cuál es su opinión?
– En el CEP, desde hace años, venimos insistiendo en la necesidad de financiamiento fiscal permanente (no sólo electoral) para los partidos políticos. Los partidos desarrollan funciones públicas de la más alta relevancia, por lo que un cierto financiamiento por parte del fisco está absolutamente justificado. Sin ir más lejos, hace un par de meses, los investigadores Aninat y González del CEP hicieron una propuesta muy fundada y detallada para dicho financiamiento (disponible aquí). Esta es una de las partes buenas del anuncio del Gobierno.
– ¿Está de acuerdo con que se establezca una franja electoral obligatoria y gratuita en radios, así como la distribución de un suplemento electoral en los medios de prensa?
– Hay que conocer más detalles al respecto. Con todo, creo que la franja en TV, históricamente establecida, junto al subsidio por voto, conforman un piso de igualdad bastante razonable. Ampliar el gravamen de una propaganda política obligatoria a las radios y a la prensa me parece problemático e innecesario. Mucho mejor es perfeccionar el mecanismo de financiamiento mixto que tenemos en las líneas aquí descritas. En cualquier caso, me parece mucho más problemático un gravamen sobre la prensa que sobre las radios, pues estas últimas operan en base a concesiones de uso del espectro radioeléctrico, lo mismo que la TV. Por esto, la argumentación que ha servido para sostener la franja en TV podría extenderse, por analogía a las radios (no a la prensa escrita). Pero, como he dicho, no me parece, en principio, algo que valga la pena hacer.
