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Magdalena Ortega: “En el nuevo proceso constituyente no habrá espacio para renombrar a nuestro Estado como regional”

Magdalena Ortega: “En el nuevo proceso constituyente no habrá espacio para renombrar a nuestro Estado como regional”

“La descentralización fiscal es fundamental, pero hacerla mal es muy peligroso. Para mí, el Estado regional del anterior proceso garantizaba conflictos de competencias”.

La Convención Constitucional que concluyó con una propuesta ampliamente rechazada en el plebiscito de salida, dio, a través de su comisión de Forma de Estado, un exhaustivo debate en materia de descentralización, para algunos demasiado revolucionario respecto de nuestra tradición unitaria. Del Estado unitario la propuesta de nueva Constitución pretendía transitar a un Estado regional que, según un reciente estudio de la abogada de la Pontificia Universidad Católica de Católica e investigadora asistente en el CEP, Magdalena Ortega, “adolecía de problemas de diseño relevantes que no debiéramos repetir en el nuevo proceso”.

En su publicación, titulada “El Estado regional: un análisis crítico desde la perspectiva de la distribución de competencias”, Magdalena Ortega se ocupa de las dificultades del modelo de descentralización propuesto por la Convención, sin dejar de advertir que el debate todavía no está cerrado. Que el nuevo proceso constituyente, que se iniciará en marzo, será una posibilidad de avanzar en todas las dimensiones dela descentralización.

¿Qué posibilidades dan las bases constitucionales para que el nuevo proceso pueda retomar el de- bate por la descentralización?

-Las bases constitucionales para el nuevo proceso siguen un poco la tradición constitucional de nuestro país, desde 1833, donde siempre se ha dicho que nuestro país es un Estado unitario, es decir, lo contrario a uno federal. Sin embargo, también las bases constitucionales establecen un mandato que apunta hacia la descentralización.

¿De esa forma no se limita la discusión?

-Cómo lo veo yo. El límite mayor que sientan las bases constitucionales es el tipo de Estado. Me parece que en el nuevo proceso no habrá espacio para renombrar nuestro Estado como regional. Pero más allá de nombres novedosos y ajenos a lo que requiere nuestro país, lo que verdaderamente importa es cómo diseñamos un Estado unitario que sea realmente descentralizado, que son dos conceptos perfectamente compatibles. Lo importante es diseñar cosas que no sean ajenas a nuestra historia ni a nuestra realidad nacional, eso no significa en ningún caso mantener el statu quo.

¿El Estado unitario no debe ser una excusa para no mejorar los niveles de descentralización?

-No por tener un Estado unitario zanjado, que a mí me parece que eso está bien, vamos a dejar de lado el mandato por la descentralización. Eso sería mantener, como dije antes, un statu quo e incluso retroceder, tomando en consideración las últimas reformas y avances que se han implementado, como la elección y el traspaso de competencias a los gobernadores regionales. No avanzar simplemente sería dar paso a una olla a presión que en un tiempo más estallará y se escucharán de nuevo todos los reclamos por mayor autonomía.

¿Qué elementos sí podrían tomarse del concepto de Estado regional?

-El concepto de Estado regional es un concepto híbrido, podríamos decir, entre Estado unitario y federal, y es un concepto más bien moderno. Sin embargo, la literatura nos muestra, como señalamos en el estudio, que más que categorías cerradas son un espectro, un continuo, donde hay elementos de uno y otro que se van entremezclando. Lo que deberíamos rescatar del Estado regional es el espíritu de avanzar decididamente en descentralización.

¿En qué ámbitos de la descentralización es necesario avanzar decididamente?

-El ideal es que en la nueva Constitución podamos ver grados de descentralización financiera y descentralización política. El nuevo proceso será también una muy buena oportunidad para repensar la institucionalidad, tomando la experiencia de los gobernadores regionales electos versus el poder centralizado y sus atribuciones, para que efectivamente este sueño de la descentralización no siga siendo una promesa incumplida a los territorios. Con toda la heterogeneidad que tiene Chile, la nueva Constitución nos debe permitir pensar políticas públicas que no sean uniformes, sino puedan adaptarse a las particularidades de cada región.

¿Se podría repensar la relación entre gobernadores y delegados?

– Es verdad. Creo que este nuevo proceso constituyente es, también, la gran oportunidad de repensar la relación entre los gobernadores regionales, los delegados presidenciales y el traspaso de las atribuciones. Ya hemos visto cómo en las atribuciones respecto de la seguridad, por dar un ejemplo, hay cosas que aún no están solucionadas.

ERRORES DEL PASADO

¿Cuán detallado debe ser el capítulo referido a la descentralización?

-Lo importante es que la Constitución sea solo el marco de referencia, un mandato a que existan leyes específicas que se hagan cargo de los aspectos más concretos del proceso de descentralización. Sería demasiado rígida y difícil de modificar una Constitución que contenga absolutamente todos los detalles.

¿En eso falló la Comisión de Forma de Estado de la pasada Convención?

-Primero, creo que la propuesta dela Convención en materia de descentralización era maximalista, ya que tocaba muchos temas en detalle, dando poco espacio a discusiones parlamentarias futuras. Se incluían amplias atribuciones fiscales, en materia de gastos y de deuda, que es algo que nunca habíamos visto en Chile, completamente alejado de la tradición. La descentralización fiscal es fundamental, pero hacerla mal es muy peligroso. Para mí, el Estado regional del anterior proceso garantizaba conflictos de competencias entre los territorios y el Estado central.

¿Hasta dónde se podrá debatir, en el nuevo proceso, sobre descentralización fiscal?

-En descentralización fiscal se abre la posibilidad de avanzar, teniendo como objetivo un horizonte de mayor equidad entre las regiones que potencie su desarrollo, para terminar de cerrar las brechas que existen hoy día entre ellas, pero cuidando de no transitar hacia modelos de autonomía tributaria o de ingresos propios, que podrían generar escenarios de mayor inequidad entre las regiones.