¿Cómo preservar un punto de vista estrictamente jurisdiccional, sin deslizarse al omnipresente campo de la política? Es el valioso desafío que cae sobre los hombros de la judicatura.
El gobierno cumplirá su primer año, y todas las luces están sobre él. Sin embargo, en medio del festejo, dos casos recientes hacen pensar no sólo en el festejado, sino también en los otros poderes del Estado. Y pedir un deseo.
Los poderes del Estado, sabemos, son tres: gobierno, congreso y los jueces. Todos están vinculados entre sí, pero es indispensable que exista una distancia prudente entre ellos. La proximidad no les permite trabajar bien.
Los dos casos a que me refiero sugieren una imprudente proximidad. Uno fue el traslado de senadores al gabinete en enero pasado. El otro fue el discurso del presidente de la Corte Suprema hace pocos días.
Un esquema presidencialista como el nuestro funciona sobre la base de que el cargo de ministro es distinto al de parlamentario. Por esto, está prohibido ser ministro y parlamentario al mismo tiempo (salvo en caso de guerra). No está prohibido que un parlamentario pase al gobierno si pierde su escaño, como ocurrió en enero. Pero es una movida imprudente, que amenaza la distancia entre ambos poderes.
Esa distancia facilita dos mecanismos propios del presidencialismo. Uno es la posibilidad de que el Presidente de la República forme su gabinete con relativa independencia de los partidos y sus bancadas parlamentarias. Por supuesto, al Presidente le conviene negociar con ellos para avanzar su agenda legislativa, pero su posición negociadora resulta afectada si los parlamentarios saben que pueden, ellos mismos, pasar al gabinete. El segundo mecanismo es la fiscalización del gobierno que hace el Congreso. La posibilidad de irse al gabinete resta incentivos a esa fiscalización.
Pasemos al discurso del presidente de la Corte Suprema al inaugurar el año judicial. Éste es un caso más sutil. Este discurso es una vieja tradición, prevista en la ley para que la judicatura informe al gobierno y Congreso, y al público en general, el balance de su gestión y los problemas que haya observado en las leyes al aplicarlas en sus fallos.
Lo ideal es que el discurso se restrinja lo más posible a estos propósitos; es decir, que venga siempre desde lo que es propio de la judicatura: aplicar leyes para resolver casos determinados. Por lo mismo, no debe extenderse a los objetivos de política que subyacen a las leyes. Estos objetivos son competencia exclusiva de los poderes políticos, electos por la ciudadanía. No de los jueces.
Hacer la distinción no es fácil: ¿cómo preservar un punto de vista estrictamente jurisdiccional, sin deslizarse al omnipresente campo de la política? Es el valioso desafío que cae sobre los hombros de la judicatura.
El último discurso de su presidente -un texto en general elocuente, articulado e informativo- no siempre responde al desafío. En buena parte sí, pero hay pasajes en que se resbala hacia la política. Por ejemplo, al abordar la cuestión indígena.
Aquí el discurso no habla desde los casos vinculados a esa cuestión fallados por los jueces, especificando aspectos que podrían mejorarse legislativamente. En cambio, el discurso alude abstractamente a la «discriminación» que sentirían los pueblos indígenas y a la necesidad de que sus «reivindicaciones sean asumidas como una tarea de Estado».
Probablemente esto sea verdad. Pero dicho en nombre de la judicatura es imprudente, pues en el futuro los jueces van a seguir conociendo casos en que una de las partes esgrimirá una reivindicación indígena, y porque semejantes conceptos corresponden a la ciudadanía y sus representantes. En boca de los jueces reducen la distancia que debe haber entre los poderes del Estado.
Al soplarse la vela de este cumpleaños, un deseo es que los casos descritos sean sólo episodios aislados, y no el reflejo de prácticas en incubación. Para que los próximos se celebren en medio de poderes con un rechazo puritano a la proximidad.
