La expiración de una patente o de la marca registrada no es bueno para el dueño de la misma, pero ello beneficia a todos los ciudadanos. Esta fecha fue por mucho tiempo la marca registrada de la centroizquierda.
Buscar apoyo transversal para cinco grandes acuerdos nacionales en áreas críticas para el país (Infancia, Araucanía, Seguridad, Salud y Crecimiento) fue sin duda un acierto del gobierno. Con todo, hay un área que es clave para alcanzar el desarrollo y se estaría quedando en el tintero, si la comisión de crecimiento integral no la incorpora; a saber, Investigación, Innovación y Tecnología.
La nanociencia, la investigación genética, los avances en inteligencia artificial, alimentan a las nuevas tecnologías y la robótica, que están a su vez transformando la vida de los seres humanos y su forma de relacionarse con el mundo. Esta cuarta revolución industrial se encuentra en pleno desarrollo, y si no nos subimos a ella es muy probable que nos termine perjudicando.
¿Por qué la investigación tiene tan poco respaldo político, si sabemos que es una pieza clave para el desarrollo del país? Probablemente porque la inversión en investigación y desarrollo no se traduce en votos, y los votos son el petróleo de la política. La investigación es cara y su retorno no es inmediato y es incierto.
Esto lleva a que los beneficios de la inversión en investigación sean invisibles para los ciudadanos y solo sean apreciados por los científicos, que son un grupo muy minoritario y extravagante de la población, que por lo general suele carecer de habilidades de marketing o de lobby. Así, la inversión en investigación resulta políticamente muy poco atractiva para un gobierno que solo dura cuatro años y que debe tratar de que su coalición se reelija.
De ahí la importancia de lograr acuerdos transversales en esta materia, que pueda fijar una política de Estado de largo plazo.
Actualmente, Chile invierte solo 0,36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en investigación y desarrollo, mientras que el promedio de la OCDE es de 2,33 por ciento.
Es decir, en promedio los países de la OCDE realizan un esfuerzo seis veces mayor que el nuestro.
De hecho, somos el país de la OCDE que menos invierte. Incluso dentro de la región invertimos menos que Argentina y Brasil. Sería un gran avance para Chile que el gobierno, con el apoyo de las fuerzas de oposición, se pusiera como meta llegar en cuatro años a invertir 1 punto del PIB en investigación, innovación y tecnología. Esto implicaría triplicar el actual presupuesto, es decir, un incremento de 0,64 por ciento del PIB o cerca de 2.000 millones de dólares, aproximadamente.
Dado los altos costos alternativos de estos recursos, se debe asegurar que esta inversión esté sujeta a reglas de eficiencia para asegurar su retorno científico y social.
La gran pregunta es de dónde sacamos la plata. La reforma tributaria que presentó el gobierno nos ofrece una oportunidad para lograr este objetivo. Se podría incluir en la reforma un aumento gradual de la tasa del impuesto específico del diésel, de manera que en cuatro años converja al nivel de las bencinas. Esta medida en régimen podría aumentar la recaudación fiscal en 1.650 millones de dólares anuales, según las estimaciones de Evópoli. Además, se podría eliminar la renta presunta para todos los sectores y con ello recaudar adicionalmente 300 millones de dólares, según la estimación del economista Agostini.
Existe relativo consenso entre los expertos respecto de ambas medidas. Es evidente que lo que ha faltado no son argumentos, sino voluntad política para afectar los intereses de los grupos beneficiados.
Estos recursos que son de todos los chilenos deberían ser invertidos a beneficio de todos nosotros y no para favorecer a los poderosos de siempre.
Llegó la hora de que la clase política, en un gesto altruista y con visión de futuro, le ponga el cascabel al gato para invertir en un área cuyo retorno político es bajo, pero su retorno económico y social es probablemente alto en el mediano plazo.
