Una reciente detención por drogas muestra la necesidad de los principios.
A mediados del siglo 19, John S. Mill definió un principio de convivencia política ineludible a la hora de pensar una sociedad libre: «el principio del daño.» Es ineludible porque ayuda, con especial utilidad, en la tarea de fijar límites al poder del Estado. Según este principio, el poder sólo puede ejercerse contra la voluntad de un individuo adulto para evitar un daño a terceros. Si el daño se lo hace el individuo a sí mismo, no a terceros, el Estado no debe intervenir. Esto incluye la posibilidad de que, por el daño que se hace, terceras personas también sufran, salvo que, excepcionalmente, el individuo tenga respecto de éstas ciertas obligaciones cuyo cumplimiento se haga imposible por el daño que se inflige.
Mill y su principio se me vinieron a la memoria al leer la noticia de una mujer mayor detenida por tener marihuana. Me llamó la atención la foto que la acompañaba: una cabeza encapuchada sostenida por unas manos tortuosamente anudadas. Se dijo que tenía la droga por razones terapéuticas, para aliviar su visible dolencia. Se especuló, luego, que la cantidad encontrada parecía mucha como para uso personal. Se oyó, en fin, que de tanto en tanto la fumaba también con amistades. La hipótesis de tráfico pareció entonces perder plausibilidad, en especial si se considera que luego fue dejada unánimemente en libertad provisional, con una fianza mínima.
Detenciones similares deben ocurrir todos los días, pero es difícil enterarse porque carecen de los ingredientes de ésta: una mujer mayor, separada de un conocido ex senador, de aparente buen pasar económico, en el acomodado barrio de San Damián. Este caso habrá movido a algunos al escándalo moral y a arrebatos de puritanismo. Yo, en cambio, creo que es una oportunidad para pensar en el poder del Estado, manifestado en la ley de drogas, y sus límites. Es fácil ver con Mill cuán ilimitado ese poder aquí se revela.
La responsabilidad no es del juez que lleva el caso, sino de los colegisladores. Cada reforma que se ha hecho a la ley de drogas en los últimos años la ha alejado más del principio del daño. Es curioso, pues este principio sí parece observarse en la regulación de otras sustancias dañinas, como el alcohol y el tabaco. Una legislación de drogas más atenta a Mill traería el beneficio social de invertir mejor (en prevención, por ejemplo) los enormes recursos que se malgastan en la invencible «guerra» contra las drogas, y también el beneficio moral de una sociedad con un Estado más contenido y respetuoso de la autonomía individual.
Ese beneficio moral fue bien retratado a fines del siglo 18 por Kant, otro pensador que este caso evoca: «Un gobierno establecido sobre el principio de benevolencia hacia el pueblo, como un padre hacia sus hijos, es paternalista… y es el peor despotismo imaginable».
