La Tercera
Opinión

Modernización de Fonasa

Sylvia Eyzaguirre T..

Modernización de Fonasa

Las personas no pueden seguir esperando el aletargado tiempo de la política. Esta propuesta es una oportunidad para robustecer al Estado y responder a las sentidas demandas de la ciudadanía.

Según la encuesta CEP de diciembre del año pasado, la segunda prioridad de los chilenos es la salud. El sistema de salud es sumamente complejo y son múltiples los aspectos que deben modificarse. ¿Por dónde partir? Ad portas de un proceso constituyente, habrá quienes aboguen por no hacer nada en espera de la nueva Constitución, otros considerarán que lo primero que se debe cambiar es el modelo de aseguramiento. Pero no debemos dejarnos engañar. Ni la nueva Constitución ni el nuevo modelo de seguros logrará satisfacer la demanda ciudadana por un acceso digno y oportuno a las atenciones de salud si antes no reformamos el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que atiene a más del 80% de la población.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) recién publicó un informe con propuestas para una reforma integral de Fonasa (www.cepchile.cl), que elaboró una comisión de expertos con domicilios políticos diversos, coordinada por Carolina Velasco y Alejandra Benítez. El conjunto de propuestas tiene la ventaja de entregar una mirada sistémica y orgánica que, como un manual de relojería, permite no solo arreglar la pieza que está fallando (Fonasa), sino también ajustar el engranaje de todas las piezas para que el sistema en su conjunto pueda dar la hora. La propuesta tiene como horizonte un sistema de salud regido por los principios de la seguridad social, donde el acceso a los servicios de salud se base en la necesidad y no se vea limitado por barreras económicas, geográficas o de otro tipo. Ésta se concentra en tres dimensiones claves de Fonasa, que le permitirán cumplir de forma adecuada su rol de asegurador público: i) el marco de acción para Fonasa, ii) la gobernanza, responsabilidad y atribuciones, y iii) su relación con otros actores claves del sistema de salud.

Actualmente, los mecanismos y criterios para definir los beneficios en el plan de salud son diversos y no siempre explícitos, haciendo el proceso poco transparente. Esto lleva a que los usuarios desconozcan los beneficios a los que pueden acceder. Se requiere avanzar en un marco institucional claro, transparente y adecuado a las necesidades de los usuarios. Para ello se propone un plan de salud único, integral y universal, exigible para toda la población.

Asegurar este plan único es el rol de Fonasa. Esto exige modificar su gobernanza, redefinir sus responsabilidades y atribuciones. En esta dimensión, se propone una gobernanza colegiada a través de la creación de un Consejo Directivo de Fonasa, independiente del gobierno de turno y con foco en los usuarios; cambios en la forma de elegir, evaluar y remover al Director Ejecutivo de Fonasa; y fortalecer la organización territorial para que tenga mayor capacidad de conocer y responder a las demandas de las personas. Junto con el cambio en la gobernanza, se debe proveer al Director Ejecutivo las facultades necesarias para cumplir con sus responsabilidades. Son múltiples los ajustes que se proponen, pero los principales son entregar a Fonasa la responsabilidad de recolectar, disponer y decidir el uso de la totalidad de los recursos asociados a la entrega del plan de salud de sus beneficiarios; comprar soluciones integrales a redes de prestadores, en cuyos convenios o contratos establecerá la duración, condiciones de entrega, premios, sanciones y mecanismos de pago; y contar con las atribuciones necesarias para hacer exigible el cumplimiento del contrato.

Finalmente, se propone separar las funciones de rectoría, fiscalización, aseguramiento y prestación, de manera que no haya conflicto de intereses ni duplicidad de funciones. Aquí se enfatiza el rol de la Superintendencia de Salud, que debe fiscalizar a Fonasa en todo lo referente al plan de salud, debe exigirle transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad en el uso de los recursos, junto con sancionarla en caso de incumplimiento.

Las personas no pueden seguir esperando el aletargado tiempo de la política. Esta propuesta es una oportunidad para robustecer al Estado y responder a las sentidas demandas de la ciudadanía.