Hace unas semanas hubo un paro de camioneros. Fue grande. Los camioneros deben tener conciencia de su poder: lo probaron hace 36 años. Y el Gobierno reaccionó rápido, demasiado rápido. Más de algún fantasma se debe haber despertado en La Moneda.
Los camioneros consiguieron parte importante de lo que querían, al casi eliminarse para ellos, como gremio, un impuesto. Este privilegio ha sido criticado por razones económicas y ambientales. Distorsiona el funcionamiento del mercado del transporte terrestre y elimina una forma eficiente de compensar las consecuencias dañinas que produce quemar petróleo. Pero también hay, y muy especialmente, razones políticas e institucionales.
Una idea liberal de la democracia sugiere que las reglas, sobre todo las leyes, deben tener un carácter general lo más parejo que se pueda. Es contraria a esta idea una sociedad en que las reglas son particulares para los distintos grupos que hay en ella. Las sociedades medievales parecieron ser así, divididas en castas, gremios y estamentos. El liberalismo nació, en parte, como una reacción a esto.
En Chile, a partir de la década de 1920 este ideal liberal, que alguna vigencia tuvo en el siglo XIX, pasó al olvido. El Estado empezó a negociar con los más distintos grupos, concediéndoles estatutos jurídicos particulares. Así, por ejemplo, los colegios profesionales tenían sus propias leyes, lo mismo los oficios y actividades. El resultado fue un orden institucional que a fines de los años 70 se veía como un mosaico.
Además de dificultar una operación fluida del mercado, este mosaico es poco democrático, pues no es igualitario: el Estado reparte beneficios según la fuerza e influencia del grupo que los reclama. Y, como sabemos, la fuerza y la influencia no se distribuyen parejamente en la sociedad. Todas las personas son iguales a la hora de emitir su voto en una elección, pero son muy distintas al organizar un paro.
Hoy el Estado cuenta con mecanismos que favorecen reglas generales y parejas. Por ejemplo, la obligación de que los impuestos vayan a fondos generales y no a destinos específicos, o la prohibición de que los parlamentarios inicien proyectos de ley sobre impuestos y empleos públicos.
Pero esos mecanismos, solos, no pueden impedir que se forme otra vez el mosaico. Lo único que puede hacerlo es la voluntad política. En general, ella ha sido firme, sobre todo si se piensa en los estímulos y tentaciones del alto precio del cobre. Pero la respuesta a los camioneros, con todos sus fantasmas, debe hacer reflexionar. Que sea una piedra aislada con la que se tropezó una vez, y no la piedra de un mosaico.
