Actualmente, se discute en el parlamento un proyecto de ley que prohíbe a todos los docentes, que trabajan en colegios que reciben subvención del Estado, enviar tareas escolares a sus estudiantes.
El error del proyecto radica precisamente aquí, en vez de regular el exceso, decide terminar completamente con las tareas.
No cabe duda que la vida de un niño o adolescente no consiste únicamente en estudiar. Así como es fundamental para el desarrollo integral del niño el estudio, también lo es el esparcimiento, la convivencia familiar, una alimentación saludable, entre otras cosas. El resguardo del bienestar de los niños exige un equilibrio en la forma de distribuir el tiempo entre las diferentes actividades. El problema radica en que dicho equilibrio no implica necesariamente la prohibición de las tareas fuera de la escuela. Si las tareas per se fueran perjudiciales para los niños, entonces se deberían prohibir a todos los niños y no únicamente a quienes asisten a un establecimiento subvencionado por el Estado; algo que el proyecto de ley no hace.
¿Por qué? Porque es evidente que el problema no son las tareas. ¿Cómo podría ser perjudicial para un niño la lectura de un libro, la práctica de un instrumento, el ensayo de una rutina de gimnasia o ejercicios bien diseñados que buscan fortalecer ciertas habilidades en niños que muestran rezago en ellas? ¿Acaso es mejor que los niños vean largas horas televisión o jueguen video juegos que realizar tareas con un claro sentido pedagógico? Las tareas además de cumplir un rol pedagógico, también ayudan a fortalecer habilidades blandas que son tan o más importantes que las habilidades duras que buscan promover, como por ejemplo la responsabilidad, la disciplina y el esfuerzo.
El problema no son las tareas, sino, por una parte, el exceso de tareas que envían algunos docentes y, por otra parte, la falta de sentido pedagógico de las tareas, cuya realización no repercute en mejorar los aprendizajes. Pero ninguno de estos ámbitos es abordado por el proyecto de ley. El error del proyecto radica precisamente aquí, en vez de regular el exceso, decide terminar completamente con las tareas. Esta forma de proceder es tan absurda como prohibir el azúcar o la sal, porque en exceso son dañinas para la salud.
Pero más allá de este error del proyecto de ley, ¿debería este tipo de asuntos ser materia de ley o no debiera más bien ser el tipo de cuestiones que los padres y apoderados deben acordar con la escuela? ¿Hasta qué punto queremos que el Estado tome decisiones por las personas? La presencia del Estado en materias de esta naturaleza es necesaria cuando el individuo por sí mismo no es capaz de resguardar su bienestar. De ahí la necesidad, por ejemplo, de contar con un código del trabajo que resguarda a los trabajadores de posibles abusos por parte del empleador, pues la extrema pobreza, por ejemplo, puede llevar a individuos a aceptar situaciones que como sociedad consideramos indignas. ¿Es este el caso de nuestros estudiantes? ¿En verdad creemos que los padres no están en condiciones de resguardar el bienestar de sus hijos frente a los intereses de las escuelas?
Lo más grave de este proyecto de ley no es la desventaja en que deja a los niños que estudian en colegios que reciben subvención del Estado respecto de los niños que estudian en colegios particulares pagados (estos últimos podrán realizar tareas en su hogar), sino la subestimación que supone de los padres y apoderados, considerándolos incapaces de resolver este tipo de situaciones por ellos mismos.
