En noviembre de 2019 venció la política y la democracia representativa; es de esperar que lo siga haciendo.
De las muchas tesis sobre el proceso de construcción republicana, el de la “excepcionalidad chilena” ha sido quizás la más dañina. Propone que, a diferencia de sus vecinos latinoamericanos, Chile habría sido “excepcionalmente” más pacífico y ordenado, con expresiones muy esporádicas de caudillismo y con reparticiones públicas perdurables en el tiempo. En comparación con países como Argentina, Perú o Colombia, la política en Chile habría seguido, al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, un derrotero menos desgarrador.
No hay que ser un apologista de la violencia ni un descarnado escéptico del funcionamiento de la política para darse cuenta de que la idea de la excepcionalidad peca de un excesivo voluntarismo e ingenuidad. Es voluntarista, porque desconoce la existencia del conflicto. Es ingenua, pues contiene una fe excesiva en el progreso constante e indefinido. No es que toda la historia de Chile deba ser leída bajo el prisma del enfrentamiento armado; de hecho, en un registro institucionalista resaltan las posiciones moderadas por sobre las radicales. No obstante, la mera historia institucional no alcanza para una comprensión cabal de las cosas.
Entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 se sucedieron a lo largo del país una serie de eventos en los que la fuerza –callejera y estatal- fue la protagonista indiscutida. Para muchos en la derecha, la solución pasaba por una intervención más dura y explícita de los militares. Otros, entre los que destaca el propio Presidente de la República, optaron por compartir responsabilidades y canalizar el conflicto por la vía representativa. Cuando las iglesias estaban siendo saqueadas e incendiadas, cuando el recuerdo del golpe de 1973 aparecía más vivo que nunca, fue la tan vapuleada negociación política la que imperó.
Es precisamente porque las opciones parecían ser solo dos (intervención militar o salida institucional) que las críticas a la supuesta ilegitimidad del “Acuerdo” del 15 de noviembre son infundadas y cortoplacistas. Es cierto que las demandas constitucionales no formaban parte de la lista de demandas pos estallido social; también lo es que fue la violencia la que provocó el itinerario constituyente. Sin embargo, ¿habría sido mejor un enfrentamiento cívico-militar? ¿Quién puede garantizar que las Fuerzas Armadas no se habrían dividido? ¿No estábamos acaso acercándonos a un callejón sin escapatoria?
Por supuesto, el “Acuerdo” no arregló la situación de una vez y para siempre, y es probable que, tal como ha sido su historia, el país vuelva a experimentar altos grados de división. Con todo, en circunstancias de polarización extrema como las que hemos vivido, bien vale la pena recordar que la alternativa era mucho menos loable. En noviembre de 2019 venció la política y la democracia representativa; es de esperar que lo siga haciendo.
