Entre las demandas que han planteado los estudiantes movilizados y los dirigentes del Colegio de Profesores se encuentra la desmunicipalización de las escuelas y liceos. El Gobierno debe ingresar en septiembre un proyecto de ley con alternativas a la municipalización; así lo acordó a comienzos de este año y lo vuelve a ratificar en la propuesta sobre el desarrollo de la educación chilena, presentada recientemente.
Si bien hay problemas serios de gestión y financiamiento en los establecimientos municipales, no es claro que el problema radique principalmente en la naturaleza de su dependencia. Si ésta cambia y no se allegan las capacidades adecuadas, nada habrá cambiado. Por lo demás, no es evidente el carácter «municipal» de la educación pública, pues la regulación jurídica que norma la gestión escolar pública crea una disolución de responsabilidades entre el gobierno central, la municipalidad y la comunidad escolar . La Ley de Calidad y Equidad, promulgada en febrero de este año, disuelve nudos críticos en este respecto y establece condiciones favorables para una gestión más efectiva; sin embargo, no termina con la disolución de responsabilidades. El director no cuenta con las atribuciones propias del cargo como seleccionar a sus docentes, determinar sus remuneraciones y despedirlos según sus propias evaluaciones. Por otra parte, los apoyos siguen en manos de los Departamentos Provinciales, los cuales no han probado ser efectivos, y las evaluaciones docentes del CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas); ambas instituciones dependientes del Ministerio de Educación. Otro factor que incidiría es el monto del subsidio por alumno que entrega el Estado, que exige cursos numerosos y demasiadas horas lectivas por profesor -75% de la jornada- para que las escuelas se autosustenten; problema que es independiente de la institucionalidad. Por último, la experiencia internacional nos muestra sistemas educativos municipalizados exitosos, como el caso de Finlandia.
Independiente del tipo de institucionalidad que se opte, es importante que la propuesta del Gobierno aborde los puntos anteriormente nombrados: definición clara de responsabilidades y financiamiento adecuado. En este respecto, resulta interesante la reforma que está llevando a cabo el Reino Unido. Una de sus apuestas más importantes para mejorar la calidad de la educación tiene relación con el cambio de la institucionalidad, fomentando un gobierno más descentralizado y autónomo para los establecimientos de alto rendimiento y supervisado para aquellos de bajo desempeño, modificando así los grados de libertad de los directores según niveles de logro. Para ello están fomentando la conversión de establecimientos de buen rendimiento al estatus de academias, entidades que gozan de mayor libertad tanto en las decisiones de orden académico como administrativo, absolutamente independientes del gobierno local. En retribución, dichos establecimientos deben comprometerse a apadrinar al menos una escuela o liceo de bajo desempeño, medida vinculada a incentivos económicos según logros. Esta iniciativa se sustenta en evidencia empírica y está en línea con la experiencia de los sistemas más exitosos, cuyos establecimientos gozan de mayor autonomía, pero que están sometidos a rendiciones de cuentas más estrictas.
Definir los grados de libertad de los establecimientos según desempeño está considerado en las disposiciones incluidas en la recientemente aprobada Ley de Aseguramiento de la Calidad. Atendida, sin embargo, la enorme heterogeneidad que existe entre nuestros establecimientos, es clave no sólo su implementación para asegurar efectividad de las políticas generales, sino también avanzar aún más en esta dirección. Podría ensayarse para los establecimientos públicos de alto desempeño -liceos emblemáticos- una institucionalidad alternativa a la municipal, otorgándoles un grado alto de autonomía, donde el director junto con un directorio contratan, despiden y evalúan a sus docentes, deciden la manera de invertir y gastar los recursos, independencia de los Departamentos Provinciales, y mayores libertades respecto del currículum y los planes de estudio. Esta mayor libertad debiera ir de la mano con un mayor énfasis en la rendición de cuentas y un compromiso efectivo asesorando establecimientos de bajo rendimiento.
