La Tercera, 20 de enero de 2015
Opinión

Nuevo sistema de postulación escolar

Sylvia Eyzaguirre T..

En el mensaje del proyecto de ley que termina con el lucro, el financiamiento compartido y la selección en los establecimientos que reciben aportes del Estado el Gobierno explícitamente declara que uno de los principios que se busca garantizar es la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos.

El sistema de admisión a colegios propuesta por el Gobierno contemplaba dos etapas: una descentralizada a nivel de escuela y otra a nivel central. En la primera etapa, los colegios deben admitir a todos los postulantes, cuando éstos eran menores a las vacantes ofrecidas, y en caso de sobredemanda deben implementar sistemas aleatorios de selección, pero con preferencia a los postulantes que tuvieran hermanos en el colegio, a un 15 por ciento de postulantes prioritarios, hijos de funcionarios del colegio y quienes hubieran estado inscritos con anterioridad en dicho establecimiento. Una vez realizados los sorteos a nivel de las escuelas, los establecimientos deben enviar la información al Ministerio de Educación. En la segunda etapa, el Ministerio de Educación recibe todos los resultados de los procesos de selección aleatorios de los colegios y, en el caso de los alumnos que hubieren quedado seleccionados en más de un establecimiento escolar, los asigna al colegio admitido de mayor preferencia y libera los cupos restantes que deben ser llenados en función las preferencias de las familias. En el caso de que un alumno no hubiese quedado en ninguno de los colegios que postuló, el Ministerio de Educación le asigna el colegio más cercano a su domicilio. Por último, quienes no hayan participado del sistema de postulación deben elegir entre los establecimientos escolares que aún cuenten con vacantes.

El problema principal de esta propuesta radica en que los sistemas de selección aleatoria descentralizados, como por ejemplo las tómbolas o loterías, no coordinan las preferencias de las familias. Tomemos un ejemplo muy sencillo para ilustrar este punto. Imaginemos que tenemos tres colegios (A, B y C) y tres postulantes (X, Y, Z). Cada colegio tiene sólo una vacante. Cada postulante tiene una preferencia distinta por cada uno de los colegios. Así, por ejemplo, el postulante X prefiere al establecimiento A en primer lugar, al B en segundo lugar y al C en tercer lugar. Las preferencias de los estudiantes por cada colegio se expresan en la siguiente tabla.

¿Cuál es el escenario ideal a partir de las preferencias de los estudiantes? El mejor escenario posible es que el estudiante quede admitido en el colegio A, el Y en B y el Z en C. Dado que las primeras preferencias de los tres estudiantes son diferentes, no hay razón alguna para que los postulantes no queden en su más alta preferencia. Sin embargo, eso no ocurría en la propuesta del Gobierno. Aquí cada colegio tiene tres postulantes para un cupo, de manera que deben realizar un proceso aleatorio de selección entre los tres postulantes, donde cada uno de los postulantes tiene exactamente la misma posibilidad de quedar admitido. En este sistema, es posible que los tres postulantes queden asignados al colegio menos preferido por ellos, es decir, que el postulante X quede en el colegio C, el Y en A y el Z en B.

En el caso de que un postulante quede en dos colegios, ejemplo X queda en el colegio B y C, entonces ahí el Ministerio de Educación interviene y elige su opción más alta, en este caso el colegio B, liberándose una vacante en el colegio C. En este escenario tampoco quedan todos los postulantes en su primera preferencia. De hecho, en este ejemplo puntual el escenario óptimo (que todos los postulantes queden en su primera preferencia) sólo tiene un 37 por ciento de probabilidades.

Este defecto fue precisamente lo que fue corregido por la Comisión de Educación y Hacienda del Senado a través de una indicación presentada por el Gobierno. Esta modificación no toca la primera etapa del sistema de admisión, que se realiza en cada establecimiento escolar, sino que se concentra en la segunda etapa. Una vez que el Ministerio de Educación recibe toda la información de los colegios, procede a llenar los cupos en función de los resultados de las loterías descentralizadas, pero considerando las preferencias de las familias, velando porque la mayor cantidad de alumnos quede en sus más altas preferencias. Veamos concretamente cómo funciona esto tomando como ejemplo la tabla anterior. En un escenario donde el postulante X queda en el colegio A, el Y en C y Z en B, el mecanismo que coordina las preferencias de las familias a nivel central puede corregir esta asignación de colegios y asignar al postulante Y al colegio B y al Z en el C. En este cambio ambos alumnos se ven favorecidos, quedando todos los postulantes en sus primeras preferencias, algo que era imposible en la propuesta original.

Además de este cambio fundamental para el buen funcionamiento del nuevo sistema de admisión, se incorporó una segunda alternativa para los alumnos que habiendo postulado no quedasen en ninguno colegio. Estos serán asignados al establecimientos con cupos disponibles más cercano a su domicilio, pero en caso de que el postulante no quede conforme, podrá elegir entre todos los establecimientos que tengan cupos disponibles. Así, se corrige el desincentivo a no postular que conllevaba la primera propuesta, siendo considerablemente más beneficioso para los alumnos participar del sistema de postulación.

Este mecanismo de admisión tiene la ventaja de promover que las familias efectivamente postulen a sus colegios favoritos y asegura la asignación más eficiente posible de estudiantes a colegios en función de sus preferencias, protegiendo así el derecho de las familias de elegir el colegio para sus hijos. Además, la segunda etapa es de muy fácil ejecución, transparente, objetiva y auditable por terceros, lo que debería dar tranquilidad y confianza a los sostenedores y a las madres, padres y apoderados.

Dada las ventajas de este mecanismo, cuesta entender los argumentos de quienes se oponen a él. Tal vez ello se debe a que confunden los criterios de selección que ha determinado el Gobierno con el mecanismo para designar los alumnos a los colegios, aspectos que no tienen relación alguna.