En relación con la reforma del sistema electoral, un punto que genera controversia es el número de parlamentarios. Al respecto, cabe tener presente que si aplicáramos hoy la fórmula que para la Cámara establecía la Constitución de 1828, tendríamos 1.170 diputados; la Constitución de 1833, 878 diputados, y la Constitución de 1925, 585 diputados.
Probablemente hay un número más o menos adecuado de parlamentarios, tanto por razones de buen gobierno, como presupuestarias. Pero no hay que olvidar que los 120 diputados actuales configuran el número de representantes por habitante más bajo de nuestra historia. Por lo mismo, las propuestas que circulan para aumentarlos (a 154, por ejemplo) están perfectamente dentro del rango histórico. El problema no es este y no debería distraer la atención de lo principal: pensar la reforma a la luz de nuestra forma de gobierno.
El hecho de que tengamos presidencialismo (y no parlamentarismo) obliga a tener especial cuidado con la proporcionalidad. El sistema binominal actual tiene muy poca proporcionalidad. Pero, y a menos que nos vayamos hacia una forma más parlamentarista, su reforma para darle más debe conservar un componente mayoritario, a fin de asegurar la posibilidad de que los futuros gobiernos puedan gobernar.
A diferencia del parlamentarismo, en Chile el Gobierno y el Congreso tienen fuentes de legitimidad distintas, provenientes de elecciones distintas. Para reducir el permanente riesgo de que estas legitimidades entren en conflicto y parálisis, ellas deben compartir una cierta lógica mayoritaria.
Encontrar esa lógica es el desafío de la reforma electoral. Si esto implica aumentar en 30 o 40 los diputados y en otro poco los senadores, no importa mucho. Antes que el número, la forma.
