Las medidas del Gobierno en educación complementan las ya propuestas y tienen por objeto fortalecer la profesión docente. Una de las más interesantes son las becas para los estudiantes de licenciatura que opten por pedagogía.
Las becas para los licenciados cubrirán el arancel del último año de la carrera y el año de pedagogía, subsanando parcialmente las falencias de la propuesta anterior, que no contemplaba a las licenciaturas. No obstante, este incentivo no mitiga la desventaja con que quedarán los estudiantes que opten por las carreras de licenciatura frente a los que opten por las de pedagogía. Situación paradójica, si consideramos que son los licenciados en disciplinas fundamentales, como matemáticas, literatura, física, historia, etc., que continúan en el postgrado los que formarán a los educadores y que las carencias de conocimientos específicos de los egresados de pedagogía son graves. En general, los países que obtienen los mejores resultados en la prueba PISA como Singapur, Australia y Canadá, exigen a sus profesores de enseñanza media una licenciatura de cuatro años en un área específica del conocimiento y luego un diploma de un año en pedagogía. Otros países como Alemania, Finlandia y Japón exigen, además, el grado de magíster. Dichas exigencias están en línea con los resultados de los últimos estudios que sostienen una fuerte correlación entre el nivel de conocimiento del profesor y el desempeño de sus alumnos. Extraña, en este sentido, que el Gobierno no acogiera la propuesta del Panel de Expertos que fomenta el ingreso a la carrera docente desde otras profesiones, extendiéndoles de modo retroactivo los beneficios económicos si optan por especializarse en pedagogía.
Es menester, entonces, reevaluar la propuesta de becas para los estudiantes que deseen ser docentes de enseñanza media. Por lo pronto, se sugiere otorgar los mismos incentivos económicos a los estudiantes de pedagogía de enseñanza media que a los licenciados que decidan optar por pedagogía, sujeto a condiciones más exigentes que las establecidas para las becas de pedagogía (atendiendo a las necesidades y exigencias de cada formación convendría subir el puntaje en la PSU de 600 a 680 puntos y aumentar los 3 años de retribución en establecimientos con subsidio del Estado).
En suma, estos incentivos apuntan en la dirección correcta. No hay que perder de vista, empero, el carácter transitorio e insuficiente de ellos. En este respecto, se echa de menos un programa cohesionado de reformas más profundas, que dé sentido y unidad a las distintas medidas planteadas por el Gobierno.
