Los escándalos ligados a la relación entre dinero y política de los últimos meses pueden convertirse en una oportunidad. Pueden ser la ocasión para avanzar en temas pendientes. Áreas más evidentes han estado en la palestra: financiamiento de los partidos o mejoras al financiamiento electoral. Es el momento de ampliar la mirada, como mejorar los períodos de vacancia para ex autoridades públicas que pasan al sector privado.
Los períodos de vacancia buscan evitar el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la captura de funcionarios públicos a favor de ciertas empresas. En Chile, la ley le exige a una ex autoridad de una institución fiscalizadora seis meses de vacancia para trabajar en una empresa del sector privado que esté sujeta a esa fiscalización. Esta norma no parece suficiente. Si bien el ex funcionario no puede establecer una relación laboral, nada le impide que preste asesorías a honorarios. Tampoco hay sanción en caso de incumplimiento.
La puerta giratoria entre el sector público y privado requiere de una regulación que busque prevenir conflictos de intereses, pero al mismo tiempo no coarte la libertad de trabajo. A nivel comparado, existen modelos, desde agencias veedoras de los procesos de contratación de las ex autoridades (Inglaterra), a prohibiciones extendidas a asesorías y traspaso de información (Canadá), y períodos de vacancia pagados por el Estado (Brasil). A diferencia de Chile, el tiempo promedio es de dos años y se extiende a autoridades más allá de las agencias regulatorias. Una preocupación esencial son los plazos de espera para los ex parlamentarios que desean incorporarse a la industria del lobby.
Es crucial profundizar la regulación del tráfico de influencias. Su diseño no es evidente, especialmente respecto de su fiscalización y sanción, dado que se trata de funcionarios que ya no forman parte de la administración del Estado. Sobre todo hay que velar para que las nuevas normas no se transformen en un desincentivo para que los profesionales se incorporen al sector público. La regulación debe ser un equilibrio.
Los anuncios de mejoras a nuestra normativa sobre la relación entre el dinero y la política son la oportunidad para adoptar una mirada más sistémica.
